Historia de los cortes de luz en Argentina | PERIODISMO DE ESCRITORES

Historia de los cortes de luz en Argentina

sábado, 4 de enero de 2014 3 comentarios


Escrito por Lic Ramón D. Peralta




INTRODUCCIÓN



Los populista latinoamericanos, son los únicos que separan al poder político de los partidos y al gobierno, del establishment. Otro de los tantos "genocidios" etimológicos. Los dogmáticos kirchneristas, son aquellos individuos que gozan de absoluta libertad para ante una amplia variedad de problemas, responder con la misma única solución; sus clichés de memoria, bajados estos desde sus vanguardias. A su vez, inmunizados ante la elevación, por el autómata latiguillo: "Clarín Miente". Lo que se dice: un verdadero estigma para el debate y la polisemia. Claro que, pese a su hipnopedia, es indudable que los países donde mejor funcionan sus administraciones, son casualmente donde no se habla del Estado. Como de costumbre, todo lo que discute el argentino es fruto de enojo, pasión, necesidades y problemas. Pero siempre esas discusiones son de carácter represivo, redimitorio y/o exculpatorio, jamás lo hacemos como una acción previsora, inteligente o planificadora ante contingencias a futuro que de antemano se intuyen. Somos los mejores relatando la bitácora de un barco que sigue sin rumbo y a la deriva.





Claro que tampoco nos ocupa demasiado saber del tema, so conque se repitan los clichés y latiguillos del gobierno o de los medios opositores, según el caso, será mas que suficiente para el argento tipo (tipo adoquin). En términos de intelectualidad, el nacionalismo es como la kriptonita, y ciertamente el nacionalismo en Argentina apesta. El optimista, delata su temor a ser decepcionado en la presunción de la felicidad. En cambio el pesimista, es esclavo de la negación de un umbral vitalista que nació anoréxico. Pero no me doy por desahuciado; ergo sueño con pergeñar un pensamiento original, único, creativo, revelador; que demuela la mente del mundo entero; que nos deje en blanco, que nos obligue a pensar de cero, a pensar sin fueros o tan solo pensar. El orgasmo de nacer de nuevo.





Si he de pedirle algo al futuro, sería una utopía en forma de pacto. Prometo no esperar ni reclamarle nada al Estado, con tal de que él no me cobre por ignorarme. Quizás el desear feliz año nuevo en éste país, sea per sé, una flagrante falta de tacto, un exceso de ironía ante el festival de cinismo que nos abruma. La lucha de la derecha contra la izquierda, y viceversa; me sabe a sublime ignorancia; y, en razón de mi respeto por ellos, es que me permito tolerar que a diario se conviertan en infames agentes de la injusticia. Desear la igualdad de los hombres, es tan inteligente como pretender personalidad en mi computadora,  aunque la personalidad de muchos argentinos ni siquiera llegue a eso.  El costo del consumismo, se mide en la cantidad de vida en libertad que debo resignar en pos de su búsqueda. El día que el Estado trabaje en favor de las mayorías, será el día en que se habrá impuesto la herejía. El imperio de la voluntad de aquellos que pudieron elegir. El mejor Estado es el que no se percibe. La política en Argentina es la mejor vacuna contra la evidencia. 





En estos días de cortes de luz, reclamos y calor sofocante, el Gobierno decidió acusar a las empresas energéticas (principalmente, Edenor y Edesur) y amenaza con estatizarlas si no otorgan el servicio, aunque parece optaron por el Plan B. No obstante, el Estado evita un pequeño detalle: tiene control de más del 25% de Edenor de forma directa y un 11% de manera indirecta. Y tiene intervenida Edesur desde hace mas de dos años, de manera directa. En Edesur, Planificación puso a Luis Barletta, un histórico del kirchnerismo en el tema eléctrico desde los tiempos de Santa Cruz. 



En parte eso se debe a las acciones que tenían las AFJP y que heredó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuando se estatizó el sistema de jubilaciones.



El portal de la ANSES destaca que tiene una participación del 26,81% sobre el capital social de Edenor, un 23,23% de Pampa Energía que a su vez controla a la distribuidora energética a través de IEASA.



Incluso, el organismo previsional ocupa 5 de los 12 asientos del directorio de Edenor. Y uno de esos asientos lo ocupa nada menos que Emmanuel Alvarez Agis, reemplazante de Axel Kicillof, que hoy es secretario de Política Económica y, como tal, número dos del Palacio de Hacienda. Los otros cuatro directores por el Estado son Eduardo Endeisa, Marcela Sacavini, Victoria Von Storch y Eduardo Setti. Una duda: ¿creerán que todos somos como sus militantes?...




Si los funcionarios del gobierno nacional invirtieran la misma creatividad que aplican para intentar justificar lo obvio, en pensar soluciones a nuestros problemas, mucha de la estupidez que hoy estigmatiza a la Argentina ante el mundo, se evitaría. El jefe de Gabinete afirmó que los problemas con la luz “no dependen de las tarifas”. Pero el mes pasado justificó un aumento en Chaco afirmando que “el retraso de la tarifa no permite cubrir los costos esenciales para el normal funcionamiento de la empresa”. Lo que se dice, un kirchnerista tipo (tipo mi Tía Lily, que padece de alzheimer). 


Soluciones bien argentinas: Cada vez que el estado falla en sus funciones de control y contralor ante el sector privado, la solución propuesta pasa por darle aun mas protagonismo al Estado. ¿Se puede ser tan "argentino"?. Dijo Ricardo Forster en el 2010, filósofo miembro de Carta Abierta, panelista invitado al programa 678 ante el tema: Crisis Energética: “Creo que es parte de la construcción del infierno. Ciertos medios de comunicación construyen un relato que es una suerte de Apocalipsis consumado: no va a haber luz, no va a haber gas, nos van a matar en las calles, la Argentina va a estallar, el dólar va a estar a 10 pesos”. Lo que se dice un verdadero oráculo de la antítesis.

En los 90 se instalaron 10.237 Mw en generación. En la "década ganada", aun con récord en los precios de los commodities que produce Argentina, solo se instalaron 5.560 Mw. ¿Nos mega-engañaron, nos mega-robaron o nos toman por mega-pelotudos?,...si, ya se, un poco de "mega-todo". Pero el que crea que Menem hizo las cosas bien, es porque es tan obtuso como el mas fanático K. El problema ya no pasa porque el servicio lo preste el Estado o el sector privado, sino por la tremenda corrupción estructural que hay desde décadas en nuestro país. 

Como verán, es fácil culpar al kirchnerismo o a las empresas, pero nuestros problemas son serios y mucho mas profundos. Veamos ésta revisión historicista resumida de nuestra triste historia en inversión respecto de un servicio que es tan importante en nuestras vidas.  






DEMANDA



Hoy el consumo está dividido en: 44 % para el uso residencial, 30 % para uso industrial, y el restante 26 % para uso comercial y público. El 75 % lo genera el sector privado, y el 25 % está en manos del Estado. La demanda de electricidad en Argentina tuvo un crecimiento constante desde 1991, con una caída pasajera debido a la crisis económica de 2001-2002,11 a la que siguió una rápida recuperación (aumento del 6-8% anual) en los últimos cinco años, en parte debido a la recuperación económica. En 2005, el país consumió 94,3 TWh de electricidad, lo que corresponde a 2.368 kWh per cápita. 



Actualmente Argentina se enfrenta a un escenario ajustado de suministro y demanda, ya que los márgenes de reserva han caído desde más del 30% en 2001 a menos del 10% en el 2013. Este hecho, junto con el deterioro de los servicios de las empresas de distribución (es decir, cables, transformadores, etc.), puso en peligro el abastecimiento. Se estima que el sistema debería incorporar cerca de 1.500 MW de capacidad de generación por año para sostener un crecimiento anual de la demanda del 6-8% anual acumulado. Cabe destacar que, a pesar de lo que oculte gobierno, Argentina importa alrededor de 11.000 Mw/h de energía. Siendo sus principales proveedores: Paraguay, Brasil y Uruguay. Los picos de demanda en Diciembre del 2013, rozaron los 24.000 Mw/h, y nuestro sistema en esos momentos solo estaba entregando 19.000 Mw/h, según fuentes que pidieron las reservas del caso.  Si bien nuestra matriz posee 30.000 Mw/h nominal, hay que entender que lo que estas usinas pueden entregar efectivamente, lo que se denomina Factor de Capacidad, es mucho menos. A esto a su vez, hay que restarle varias turbinas, calderas, EE.TT y Transformadores que estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento. De hecho la Central Embalse, como otras tantas plantas están pasadas en horas de uso, ergo al borde del colapso.     



De Vido afirmó en conferencia de prensa que las compañías subejecutaron inversiones para las cuales contaban con recursos por 240 millones de pesos, a través del Fondo de Infraestructura "como una forma de extorsión para lograr una suba de tarifas que no va a ser concedida". El ministro, además, firmó la semana pasada la resolución 02/14 que obliga a las empresas prestadoras de servicios públicos a tomar las medidas necesarias para disponer en un plazo de 15 días de “call-center” en caso de emergencia y falta de servicio. Pero luego veremos que esto no puede ser admitido, dado lo que está estipulado por contrato. Cosa que veremos mas abajo. Al pie, uno de los informes donde Edenor da cuenta a Cammesa de los problemas que se vendrían si no se hacen las inversiones solicitadas. El gobierno no puede argumentar ignorancia. 



NOTA: nobleza obliga; antes de seguir quiero resaltar algo que si se hizo y muy bien durante éste gobierno, que fue la gran inversión en "transmisión", sobre todo en las LEAT de 500 Kv, sin las cuales hoy la situación sería catastrófica. En lo personal, éste mérito es asignable al actual Secretario de Energía, Daniel Cámeron, quien ha intentado hacer mas de lo que pudo y le dejaron. No todo es criticable, ni todo es venerable en ningún gobierno. 






¿QUÉ SABE USTED DE LOS CONTRATOS DEL GOBIERNO CON EDESUR Y EDENOR?



Del contrato de concesión a las distribuidoras eléctricas, firmado a principios de los ’90, se desprende que Edenor y Edesur violaron, de manera flagrante, los valores máximos permitidos en relación con los indicadores que miden la calidad del servicio. El punto 3.2. de esos documentos, recabados por MCO, establece que los usuarios domiciliarios que reciben electricidad de la red de baja tensión, no deben sufrir cortes de suministro que excedan las 10 horas por interrupción.



Es decir que, en caso de sufrir algún inconveniente en el servicio, las empresas deben ser capaces de resolver el problema en un plazo menor; algo que a las claras no ocurrió, dado que durante la ola de cortes registrada en la últimas dos semanas hubo vecinos que permanecieron más de 14 días sin luz.



“Si en el semestre controlado, algún usuario sufriera más cortes (mayores a 3 minutos) que los estipulados, y/o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido, recibirá de parte de la distribuidora un crédito en sus facturaciones mensuales o bimestrales del semestre inmediatamente posterior al semestre controlado, proporcional a la energía no recibida en el semestre controlado”, establece el contrato de concesión firmado durante el gobierno menemista. Otra cosa que pocos saben y que da derechos a demandar judicialmente tanto a las empresas como al Estado. 

En rigor, el ENRE, el ente regulador del sector eléctrico, debería publicar una evaluación de gestión sobre ambas distribuidoras cada seis meses. Sin embargo, el último informe data de 2011, por lo que no existen datos públicos actualizados. El organismo, que por ley debería ser autónomo y conducido por cuadros técnicos, está intervenido por el Gobierno, que colocó en la presidencia al cobista Mario Casas, alineado con el ministro de Planificación Julio De Vido, y en la vicepresidencia a Luis Barletta, interventor de Edesur.


EXTRAÍDO DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y EDESUR, EDENOR - EDELAP 

3.2. CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO EN LA ETAPA 2

Al iniciar la denominada etapa 2, la calidad del servicio técnico se controlará al nivel de suministro a cada usuario.

Los valores máximos admitidos para esta etapa, para cada usuario, son los siguientes:

a) Frecuencia de interrupciones :
Usuarios en AT : 3 interrupciones / semestre
Usuarios en MT : 4 interrupciones / semestre
Usuarios en BT (pequeñas y medianas demandas)
(grandes demandas) : 6 interrupciones / semestre: 6 interrupciones / semestre

b) Tiempo máximo de interrupción :
Usuarios en AT : 2 horas / interrupción
Usuarios en MT : 3 horas / interrupción
Usuarios en BT

(pequeñas y medianas demandas)
(grandes demandas) : 10 horas / interrupción: 6 horas / interrupción

Con todo, el deterioro de la calidad de la prestación de las distribuidoras no es algo nuevo. Edenor, la mayor distribuidora del país, en manos de Pampa Energía, viene admitiendo una pauperización de su servicio en los balances de 2008 a 2013. De Edesur, controlada por Endesa, es más difícil acceder a estadísticas oficiales porque no cotiza en Bolsa y los indicadores de calidad no están actualizados en su última memoria y balance.

La merma en la calidad del servicio en el área concesionada a Edenor se aceleró particularmente en los últimos seis años. En 2002 cada corte por kilovoltiamperio (kVa) instalado duraba en promedio 4,6 horas. En 2007 el corte promedio era de 6,6 horas y subió a 8,3 en 2008; 8,8 en 2009; 10,6 en 2010; 11 en 2011 y 17,5 en 2012. ¿Cómo pudo desentenderse de esto el gobierno?, es difícil  justificar con coherencia.


A su vez, los cortes de suministros también son más frecuentes. En la década siguiente a la crisis económica de 2001, los estándares de calidad de la empresa se deterioraron aceleradamente: la frecuencia de interrupciones subió 110% y la duración promedio de cada episodio creció 280%. En 2002 la firma informaba tres interrupciones promedio por cada kVa instalado. La tendencia se mantuvo estable hasta 2008, cuando subió a 4,1; 4,4 en 2009; 5,1 en 2010; 4,5 en 2011 y un fuerte salto a 6,3 en 2012.  Y la del 2013 es aun mucho peor.

La etapa de distribución es la que concentra actualmente los principales cuellos de botella en la cadena eléctrica, producto de la falta de inversiones en mantenimiento de red que se fundamentan en una complicada situación financiera.


Cabe recordar el apagón que dejó a cerca de un 25% de la demanda metropolitana sin energía en 2012. A partir de allí, en noviembre se aprobó, por medio de la Resolución 347/2012, un cargo especial fijo para los usuarios de Edenor y Edesur a ser utilizado en forma exclusiva para obras de infraestructura y mantenimiento de las instalaciones de las distribuidoras en el área metropolitana. Si bien constituyó un avance, el monto estimado a recaudar (AR$ 1.000 millones) resulta insuficiente dada la falta de inversiones en la red en los últimos años, ni tampoco se dio en el marco de una revisión integral de las tarifas.


Por otra parte, el año pasado se aprobó en mayo la Resolución 250/13 que estuvo orientada a ordenar la situación contable de las distribuidoras Edenor y Edesur, para evitar que entren en una situación de quiebra de acuerdo a la Ley de Sociedades.


Por un lado, les reconoció mayores costos de prestación del servicio para el período de mayo-07 a feb-13, por AR$ 2.238 a Edenor y AR$ 2.143 millones a Edesur respectivamente. Como contrapartida, se les permitió a las empresas cancelar las deudas por los fondos recaudados por PUREE, como también las deudas que venían acumulado por la falta de pago a CAMMESA en concepto de adquisición de energía eléctrica mayorista.

La diferencia que quedase a favor de Edenor y Edesur por los mayores costos de prestación del servicia, sería cubierta con Liquidaciones de Venta con Fecha a Definir y destinado al Fideicomiso constituido por la Resolución 347/12. En la práctica, la Resolución 250/13 implica un reordenamiento patrimonial, y un una especie de aumento del VAD encubierto de manera retroactiva. Sin embargo, no implica para las distribuidoras nuevos movimiento de fondo. Pero las cosas para el gobierno se ponen complicadas, si vamos a la letra de los contratos firmados oportunamente y a las normativas promulgadas al respecto: 


RESOLUCIÓN N° 745/05 DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

Dicha resolución establece modificaciones al "Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica" dispuesto por el Gobierno Nacional para las Empresas de Distribución de Energía Eléctrica (EDELAP, EDENOR Y EDESUR).

El objetivo de este programa es incentivar el uso eficiente de la energía eléctrica mediante la aplicación de bonificaciones y cargos en función del comportamiento en el consumo del cliente. 

Las compañías deben dar cumplimiento a estas disposiciones por lo que en su factura encontrará la siguiente leyenda "Res. Sec. Energía N° 745/05" tanto para bonificaciones como para los cargos adicionales.

En 2013, Edenor y Edesur debían invertir más de 1.000 millones de pesos en obras que contribuirán al mantenimiento y expansión del sistema eléctrico, lo que duplicaría las inversiones realizadas en el último año. Pero eso no sucedió porque las licitaciones se hicieron tarde, y en varios casos; no fueron aceptadas por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión, argumentando que los precios ofertados debían bajar. Con esto digo, que la excusa de Julio De Vido, en caso de "careo" con las empresas, se caería a pedazos. De hecho,  hay mucha prueba documental para respaldar lo que afirmo.

Teóricamente, el plan inversor de las compañías, que en 2012 alcanzó solo los 500 millones de pesos, siempre se manejaron mediante el “Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica”(FOCEDE) dispuesto por el Gobierno Nacional. Es decir, que con estos nuevos anuncios de De Vido, no se cambia nada, como tampoco se puede admitir que esas multas hayan sido pactadas   previamente con las concesionarias. Modalidad que viene desde el año 1992, fecha en que fueron dadas las concesiones de marras. Siempre el poder político pactó con estas empresas, siempre, y ahora, por lo visto se siguen con las atávicas malas costumbres.  

El programa de obras, que abarca a las instalaciones de alta, media y baja tensión, fue proyectado junto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, con el objetivo de acompañar el continuo crecimiento de la demanda y asegurar una mejor calidad de servicio a nuestros 2,7 millones de clientes. Cosa que no se hizo. Pero veamos de donde nace todo esto.


En 1991, el gobierno argentino creó el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), financiado en parte por el impuesto del petróleo y en parte por un recargo en las ventas del mercado mayorista. Este fondo, administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), proporcionó financiación a los siguientes fondos, en las proporciones que se indican:

47,4%: Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), para homogeneizar las tarifas en todo el país (esto creó un subsidio de hecho para los usuarios de las zonas con costos de electricidad más altos).

31,6%: Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), para obras de generación, transmisión y distribución rural y urbana. La mayor parte de los fondos se destinó a la electrificación rural.

19,75%: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) (creado en 2000), para la financiación conjunta de proyectos de transmisión de electricidad.

1,26%: Fondo para la Energía Eólica (creado en 2002), para el desarrollo de la energía eólica.

Como verán, la política de subsidios no fue creación del kirchnerismo

Además, CAMMESA en el 2003, la administradora del mercado eléctrico mayorista, ya había estimado, según obra por escrito; que para el 2007 la demanda de energía del país requerirá una capacidad adicional de 1.000 Mw/h  acumulado de forma anual. Ante la necesidad de inversiones específicas y ante la falta de inversión privada, la Secretaría de Energía (SENER) dictó las resoluciones 712 y 826 de 2004, por medio de las cuales se creó el FONINVEMEM, Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista. El fondo, que buscó alentar la participación de los acreedores del mercado mayorista, invitó a dichos acreedores, principalmente empresas generadoras, a participar con su crédito en la creación del propio fondo.


AHORA ES EL TURNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Como si el caos, y la irresponsabilidad no fuera suficiente, el secretario de Servicios Públicos de Buenos Aires, Franco La Porta, anunció la puesta en funcionamiento del Fidba, que será dirigido y ejecutado por el Estado provincial.

La Porta explicó que el Fidba "está orientado a ejercer un control más directo sobre las inversiones y la situación del servicio en cada zona de la provincia, porque es evidente que las inversiones hechas hasta el momento por las empresas no han estado a la altura de las circunstancias".

Adelantó que "no hay otra razón que la falta de inversión para que la situación haya llegado hasta aquí, y además de atender y solucionar la urgencia de esta coyuntura, desde el Estado provincial estamos enfocados en ejercer el control y agotar las alternativas para que esta situación no se vuelva a repetir". "La directiva del gobernador Daniel Scioli es pensar en el servicio que se le brinda al usuario, y para eso es necesario garantizar de forma anticipada la inversión", sostuvo. El Fondo de Inversión se nutrirá con recursos provenientes de las tarifas que cobran las empresas EDEA, EDES, EDEN y Edelap y tendrá un comité de ejecución que será dirigido por la Secretaría de Servicios Públicos.

Claro que a esta nueva broma del gobierno en pos de quitarse el sayo de encima nuevamente, se le corresponde ¿De dónde saldrán esos fondos?,....y si finalmente salen del aumento de tarifas, tal como hiciera Galuccio cuando se hizo cargo de YPF (K), cabe la otra pregunta ¿Y por qué no lo hicieron antes?...


Ahora sabemos algo que ya sabíamos, De Vido manejará el fondo de inversión nacional que depende del Enre. El Ministerio de Planificación dio a conocer una resolución mediante la cual el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica(Focede), creado en 2012 por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pasará a depender de esa cartera, a través de su Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión. La Resolución 3 de Planificación determina que "las inversiones a realizar con los fondos provenientes del Focede" en lo sucesivo "serán decididas" por dicha Subsecretaría. ¿Pero ya no las estaba manejando Roberto Baratta?....quizás piensen que todos somos ignorantes e incultos, pero no, no todos.

Además, esa repartición "impartirá algo que ya impartía; las instrucciones que sean necesarias al Comité de Ejecución del Fideicomiso" y "a las empresas distribuidoras Edenor SA y Edesur SA, para la realización y ejecución de las obras e inversiones provenientes del Focede". Macri aun sigue negociando, pero la idea del gobierno es que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo, emulando a la provincia de Buenos Aires. Evidentemente el costo político del reacomodamiento tarifario no será de Cristina (eso cree ella) 


SITUACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

Hacía más de seis años que una de las distribuidoras de electricidad no informaba en sus balances un resultado positivo. La última vez fue en 2007, cuando Edesur logró una utilidad neta de $ 161,5 millones, revirtiendo así las perdidas que había acumulado entre 2002 y 2006. El mismo año, también Edenor comunicó un resultado positivo anual de $ 122,4 millones.


Pero después del 2007, ambas compañías comenzaron a acumular balances en rojo. Incluso, llegaron a perder $ 4 millones por día, exponiendo un panorama de asfixio financiero permanente, al punto que ambas compañías estuvieron al borde de la quiebra, con ingresos congelados, una caja deficitaria y costos crecientes.


De hecho, ambas acumularon solamente en 2012 pérdidas mayores a los $ 2.000 millones. Un rojo que llevó a que Edenor informara un patrimonio neto negativo en el primer trimestre de este año, y a que Edesur acumulara pérdidas por $ 378 millones en el mismo período.


Pero fue precisamente la distribuidora propiedad del grupo español Endesa la que sorprendió con un cambio de color en su balance semestral. Según lo que informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre enero y junio del 2013 registró una ganancia de $ 1.503,5 millones, contra una pérdida de $ 279,5 millones para el mismo período de 2012. 

El dato surge en momentos en los cuales la economía y los consumidores particulares continúan sufriendo por la escasez de energía que, a pesar de ser negada por el Gobierno, se evidencia con los cortes de suministro que sufren algunas zonas de la Ciudad, el campo y que también padecen las industrias, más que nada en días de intenso calor como los sufridos hace horas atrás. Hoy el folklore popular nos dice, que en el verano habrá días o veces que  no tendremos luz, y en invierno gas


Sin embargo, el cambio de performance de los números de Edesur no están atados a mayores ingresos producto del fuerte incremento del consumo energético de sus clientes. Tampoco a una repentina modificación en el cuadro tarifario, congelado por el Gobierno desde hace ya más de 12 años. En realidad, el casi mágico pase del rojo al azul se debió a un cambio en la forma de contabilizar ingresos que la compañía recibe por la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (Puree). Hasta febrero pasado, ese dinero era considerado como una deuda por los ejecutivos de Edesur, ya que el destinatario final de lo recaudado es el Estado. Por ese motivo, el dinero no era incluido en los balances. 

Pero en mayo, el Gobierno habilitó a Edesur y Edenor a utilizar el monto del Puree acumulado por ambas desde 2007 para compensar el déficit provocado por el congelamiento tarifario. En este marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad-ENRE dictó la Resolución 0250/2013 que le permitió a las dos compañías cancelar con el dinero cobrado a los usuarios por excederse en el consumo, las acreencias que vinieron acumulando por mantener sin cambios las boletas de luz.


Esto se debió a que desde 2007 se dejó de aplicar el llamado Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), que había sido establecido por el Gobierno para garantizar aumentos tarifarios y así mantener la rentabilidad de las empresas hasta renegociar un nuevo marco de precios. Pero como el mecanismo no se aplicó, Edenor reunió un crédito a favor por $ 2.237 millones y Edesur, otros $ 2.144 millones.


Ahora, ese dinero fue volcado a los balances, tal como lo informó Edesur, y Edenor en el ejercicio anual que está por enviar a la Bolsa de Comercio. En otras palabras, el gobierno permitió las compensaciones cruzadas para descomprimir su situación. Si, el mismo gobierno que ahora deslinda toda responsabilidad. 

Sin embargo, en el mercado advirtieron que se trató de un paliativo de corto plazo, con tono electoralista, ya que la caja de las distribuidoras sigue siendo deficitaria y la preocupante situación de fondo se mantiene. De hecho, tanto Edesur como Edenor siguen manteniendo deudas impagas con Cammesa.


Ahora bien, y dado que las empresas del sector enfrentan un endeudamiento dramático, ¿adónde están yendo a parar los miles de millones de dólares que el Estado destina a la importación de energía?

El grueso de las compras de combustibles al exterior como el gasoil y fueloil que demanda Cammesa tiene por objeto asegurar el funcionamiento de alrededor de veinte centrales térmicas. Es en esa estructura que reposa hoy buena parte de la generación de electricidad que se produce en la Argentina. Reitero, tenemos problemas serios en distribución, pero también necesitamos mas generación y urgentemente. 

En estos diez años se instaló la mitad de la generación que se emplazó en los años 90. En esa década se pusieron en marcha 10.321 megavatios, mientras que en estos años apenas se agregaron 5.560. Para colmo, todo lo que se agregó fue de tipo térmico. Es decir, ninguna represa hidroeléctrica, ni eólica  u otra renovable. ¿Y qué utilizan las centrales térmicas? Gas, petróleo, carbón, justo lo que no tenemos, o bien importamos a costa de agotar las reservas internacionales del BCRA. Un drama que pronto sabremos como termina

Todo lo que se está pagando es para alimentar esas centrales térmicas. Y se han dado casos absurdos, como el de la central Río Turbio, que requiere mas de un millón de toneladas para funcionar plenamente, cuando apenas se produce un 15 % de lo demandado (otra locura). De Vido, nos debe mas de una buena respuesta, y sospecho que la necesitaremos ya no desde la Casa Rosada, sino en tribunales. 


Hasta 2010, la Argentina importaba muy poca energía, básicamente electricidad. De modo que, durante años, se pudo aplicar el lema "vivir con lo nuestro". Sin embargo, conforme se agudizó el problema del autoabastecimiento, el Gobierno necesitó complementarla con más y más compras al exterior. Esta crisis que vive el sector llevó a que hoy la producción interna de gas alcance para cubrir sólo el 75% de la demanda, en tanto que el 25% restante debe ser sí o sí importado. 



¿Y qué es lo que importa concretamente la Argentina? 42% corresponde a compras de gas, seguido por gasoil (32%), fueloil (14%), energía eléctrica (5%) y luego combustibles especiales, destinados a barcos y aviones. Kicillof conoce como pocos esta situación. Pero calló. Hace 18 meses redactó el decreto 1277 de intervención completa del sector energético. Las empresas escucharon largas alocuciones del ahora ministro; les comunicó que estudiaría cómo otorgar ingresos para destinar a inversiones. Pidió 60 días para terminar mientras hizo arqueología de datos en las empresas. Parte de su equipo fue designado como directores en diversas empresas para conocer de primera mano la situación. Pregunto nuevamente, ¿ el gobierno en verdad pretende que le creamos?, ¿en serio quiere  que aceptemos que son inocentes?.








DE CONTRATOS CON LAS CONCESIONARIAS



ARTICULO 25.- LA DISTRIBUIDORA deberá cumplimentar las siguientes obligaciones:


q) Abstenerse de dar comienzo a la construcción, operación, extensión o ampliación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ENTE, sin obtener previamente el certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, instalación o ampliación, conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 24.065.

NOTA: de  éste artículo se tomaron las empresas para frenar la lavada de manos de De Vido, ya que no hubo "sub-ejecución" en función de que el gobierno estaba y siempre estuvo a cargo de la autorización de cada contratación o licitación. Máxime con Baratta como mandamás de estas adquisiciones.


REGIMEN TARIFARIO


ARTICULO 27.- Los Cuadros Tarifarios que apruebe la AUTORIDAD DE APLICACION constituyen valores máximos, límite dentro del cual la DISTRIBUIDORA facturará a sus USUARIOS por el servicio prestado.

Estos valores máximos no serán de aplicación en el caso de los contratos especiales acordados entre los USUARIOS y LA DISTRIBUIDORA.

ARTICULO 28.- Establécese por el término de DIEZ (10) años, contados a partir de la fecha de ENTRADA EN VIGENCIA, el régimen Tarifario y el Cuadro Tarifario, definidos en el 'Subanexo 1'.

Los valores del Cuadro Tarifario a aplicar por LA DISTRIBUIDORA, se calcularán según lo establecido en el Procedimiento para la determinación de los Cuadros Tarifarios de Aplicación, que se explicita en el 'Subanexo 2'.

ARTICULO 29.- LA DISTRIBUIDORA podrá proponer a la AUTORIDAD DE APLICACION el establecimiento de tarifas que respondan a modalidades de consumo no contempladas en el Régimen Tarifario del 'Subanexo 1' cuando su aplicación signifique mejoras técnicas y económicas en la prestación del servicio tanto para los USUARIOS como para LA DISTRIBUIDORA.

Estas propuestas podrán ser presentadas una vez transcurridos DOS (2) años de la ENTRADA EN VIGENCIA.

ARTICULO 30.- El Cuadro Tarifario inicial que aplicará LA DISTRIBUIDORA desde la ENTRADA EN VIGENCIA es el que figura en el 'Subanexo 3'.

ARTICULO 31.- El Régimen Tarifario y Cuadro Tarifario será revisado en el año número DIEZ (10) del inicio de la Concesión, y a partir de esa fecha cada CINCO (5) años. A ese fin, con UN (1) año de antelación a la finalización de cada período de CINCO (5) años, LA DISTRIBUIDORA presentará a la AUTORIDAD DE APLICACION la propuesta de un nuevo Régimen Tarifario y Cuadro Tarifario.

La propuesta que se efectúe deberá respetar los principios tarifarios básicos establecidos en la Ley Nº 24.065, y su reglamentación, así como los lineamientos y parámetros que especifique el ENTE, debiendo basarse en los siguientes principios:

a) Reflejar el costo marginal o económico de la prestación del Servicio de Distribución para los siguientes CINCO (5) años, incluyendo el costo de desarrollo de redes, los costos de operación y mantenimiento y los costos de comercialización.

b) La asignación de los costos propios de Distribución a los parámetros Tarifarios de cada categoría que se defina en el régimen Tarifario, deberá efectuarse teniendo en cuenta la modalidad de consumo de cada grupo de usuarios y el nivel de tensión en que se efectúe el suministro.

c) La propuesta de modificación del Régimen Tarifario deberá sustentarse en la estructura de consumo de los usuarios y tener un grado de detalle que relacione los costos económicos con los parámetros de tarificación para cada categoría de usuarios.



RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONCEDENTE


ARTICULO 39.- Cuando LA CONCEDENTE incurra en incumplimiento de sus obligaciones de forma tal que impidan a LA DISTRIBUIDORA la prestación del SERVICIO PUBLICO, o afecten gravemente al mismo en forma permanente, LA DISTRIBUIDORA podrá exigir la rescisión del CONTRATO, previa intimación a LA CONCEDENTE para que en plazo de NOVENTA (90) DIAS regularice tal situación.

NOTA: Hay que tener muy en claro éste artículo, ya que la falta de ajuste de las tarifas por mayores costos, se constituye en una falta de cumplimiento contractual del gobierno. Lo cual en el caso de expropiaciones o confiscaciones, lo hace pasible de fuertes demandas y reclamos de indemnizaciones además del pago del valor de mercado de las acciones. Ojo con éste punto, porque siempre opinamos antes de pensar  y conocer.

Producida la rescisión del CONTRATO, la totalidad de los bienes de propiedad de LA DISTRIBUIDORA que estuvieran afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO se considerarán automáticamente cedidos a una sociedad anónima que deberá constituir LA CONCEDENTE, a la cual le será otorgada, por el plazo que disponga, la titularidad de una nueva concesión del SERVICIO PUBLICO. El capital accionario de la nueva sociedad corresponderá a LA CONCEDENTE hasta que se haya producido su transferencia en favor de quienes resulten ser adjudicatarios del Concurso Público, que a tales efectos deberá realizarse. La sociedad anónima que será titular de la nueva concesión se hará cargo de la totalidad del personal empleado por LA DISTRIBUIDORA para la prestación del SERVICIO PUBLICO.

LA DISTRIBUIDORA se obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los actos que pudieran resultar necesarios para implementar la cesión de los bienes referida en los párrafos precedentes. En caso de incumplimiento por LA DISTRIBUIDORA de la obligación precedentemente descripta, LA CONCEDENTE suscribirá la documentación y/o realizará todos los actos necesarios en nombre de aquella, constituyendo el presente CONTRATO un mandato irrevocable otorgado por LA DISTRIBUIDORA a tal fin.

Dentro de los TREINTA (30) DIAS de producida la rescisión del CONTRATO, LA CONCEDENTE llamará a concurso público para la venta del CIEN POR CIENTO (100%) del paquete accionario de la referida sociedad.

Como indemnización total por los daños y perjuicios que se hayan producido por la rescisión del contrato, LA CONCEDENTE abonará a LA DISTRIBUIDORA el precio que se haya obtenido por la venta de las acciones de la nueva sociedad en el Concurso Público llamado al efecto, previa deducción de los créditos que tenga LA CONCEDENTE contra LA DISTRIBUIDORA por cualquier concepto, más los importes que resulten de aplicar al monto resultante los siguientes porcentajes:

a) el TREINTA POR CIENTO (30%) si la rescisión del contrato se produjo durante el primer tercio del PERIODO DE GESTION

b) el VEINTE POR CIENTO (20%) si la rescisión del contrato se produjo durante el segundo tercio del PERIODO DE GESTION.

c) el DIEZ POR CIENTO (10) si la rescisión del contrato se produjo durante el tercer tercio del PERIODO DE GESTION.


LAS SANCIONES DEL ENRE 


En diciembre de 2010: entre el 20 y el 31 de diciembre de 2010, 145 mil usuarios de Edenor, Edesur y Edelap sufrieron cortes del servicio. El ENRE aplicó multas a Edesur ($ 5 millones) y Edenor ($ 1,1 millón) y obligó a esas empresas a pagar resarcimientos por $ 18 millones y $ 5,5 millones, respectivamente.

El 7 de noviembre de 2012: más de 850 mil usuarios se quedaron sin servicio en un corte que fue calificado por el gobierno nacional como "sabotaje". Edesur recibió una multa por $ 129 millones, mientras que la de Edenor alcanzó a $ 29 millones. en materia de resarcimientos, Edesur debió pagar $ 18 millones y Edenor, $ 5,5 millones.

Apagón de 1999: el antecedente de estas sanciones económicas fue el gran apagón de febrero de 1999, cuando se incendió la subestación Azopardo de Edesur. En aquel entonces, la compañía pagó $ 75 millones a sus clientes. Eran épocas de Convertibilidad. Hoy, ese monto en dólares, equivaldría a $ 487,5 millones.

NOTA: 

Apelaciones: las distribuidoras eléctricas suelen no pagar las multas y las apelan al ENRE, primero, y a la justicia, después. 


SUBSIDIOS


En ese contexto, basta decir que en la actualidad el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa un 20% del presupuesto estatal y casi un 5% del PBI nacional.

De acuerdo a un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los subsidios al sector energético aumentaron un preocupante 75% en los primeros diez meses del año, en comparación con igual período del 2012.

Si se recortara por completo, desaparecería el déficit fiscal, algo nada desdeñable para un Gobierno que debe hacer frente a una oleada de reclamos salariales en el sector público. Pero está claro que eliminarlos es algo que, a esta altura de las circunstancias, Cristina Kirchner no puede siquiera permitirse pensar.

En el plano corporativo, según el informe realizado sobre la base de datos del Ministerio de Economía; la mayoría de los beneficios los consume la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) como así también Energía Argentina (Enarsa).

Ambas recibieron entre enero y agosto de este año la friolera de $33.924 millones. La mayoría de ese dinero fue destinado a la importación de combustibles.

• Cammesa (una de las grandes responsables de pagar las compras de gasoil y fueloil al exterior) gastó $25.449 millones hasta el octavo mes del año, un 75% más que en el mismo período de 2012. 

• Enarsa también compra combustibles fuera del país. Hasta agosto, sus erogaciones crecieron casi 77%. En cifras, nada menos que $8.025 millones más que los $10.450 millones del año pasado.


La estructura actual de los subsidios a la energía eléctrica en el rango de 0 a 1000 kWh/bimestre, en el área de concesión de Edesur y Edenor, define que a medida que crece el consumo aumenta el subsidio. El esquema es el siguiente, en promedio,

- consumo de 200 kWh/bimestre, el Estado aporta 65 pesos,

- de 400 kWh, 128 pesos,

- de 650 kWh, 208 pesos, y

- de 1000 kWh, 318 pesos.

Como se observa, a medida que aumenta el consumo, la cobertura estatal no sólo aumenta en valores absolutos, sino también en porcentaje,

- para 200 kWh el subsidio cubre el 75,7 por ciento del valor total de la factura (sin impuestos),

- para 400 kWh, el 79,6 por ciento,

- para 650 kWh, el 82,7 por ciento, y

- para 1000 kWh, el 82,5 por ciento.

Un documento oficial precisa que la cantidad de clientes residenciales suma poco más de 4,3 millones, distribuido el 55 por ciento en Edenor y 45 por ciento en Edesur. El consumo promedio es de 558 kWh por bimestre por cliente.

- El 31 por ciento del total de los usuarios (1,3 millón) se ubica en la base de la pirámide hasta 300 kWh por bimestre, que representa el 9 por ciento del total del consumo.

- El 39 por ciento (1,7 millón), en el escalón de 301-650 kWh por bimestre, concentrando el 32 por ciento del total del consumo.

Estas dos franjas representan el 70 por ciento del total de clientes y consumen el 41 por ciento del total de energía destinada a uso residencial, excluidos los asentamientos y villas donde existen medidores comunitarios a cargo del Estado.

El restante 30 por ciento que concentra el 59 por ciento del consumo es considerado de ingresos medios y altos, aunque no necesariamente en algunos de ellos por ser unidades familiares electrointensivas por ser muchos integrantes o por carencias de servicios de agua y/o gas. En el esquema de reducción de subsidios está contemplada su exclusión.

Apenas el 0,5 por ciento (21.626) de los usuarios se ubica en el escalón de consumo más alto (más de 2800 kWh por bimestre), sin embargo consume el 3,5 por ciento del total de energía. Ello significa un promedio de consumo bimestral siete veces por encima del promedio del total de usuarios (558 kWh/bimestre). Cada uno de los 21.626 usuarios de altos consumos recibe en promedio 3080 pesos de subsidio por año, mientras que cada uno de los 3 millones de usuarios de los dos escalones más bajos de consumo recibe en promedio 640 pesos de subsidio por año.



HISTORIA DE UN PÉSIMO SERVICIO

El crecimiento de la Argentina en los últimos años del siglo XIX llevó a que se fueran constituyendo pequeñas unidades autogeneradoras encargadas de dar luz a hoteles, comercios, fábricas, puertos, etc., y en unas pocas grandes empresas que eran a la vez generadoras y distribuidoras. Entre estas últimas se encontraban la Gas and Electric Lighting Co. of Buenos Aires (también llamada Compañía Primitiva de Gas y Luz Eléctrica) con su central Cuyo, con un equipamiento instalado de 1400 kW en corriente continua y una red de distribución subterránea de 2 x 110 v; y la River Plate Electric Light and Traction Co., que poseía su central San Juan de 1.100 kW en corriente alterna y una red subterránea de 2 x 220 v.

En 1899, la Municipalidad otorgó a la empresa alemana CATE (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) el permiso provisorio para generar y distribuir electricidad con una potencia de 4.800 kW mediante una red trifilar de 2 x 220 v en corriente continua. Asimismo, en otros municipios funcionaban varias empresas como la Compañía General de Electricidad, de capitales franceses.

En el nuevo siglo comenzó un proceso de adquisiciones por parte de CATE hacia el resto de las empresas más pequeñas, y la consiguiente unificación de criterios ingenieriles de provisión. En 1905, CATE poseía instalados 25.000 kW de potencia con tecnología alemana. Dos años después, la compañía adquirió una licencia definitiva por parte de la Municipalidad de Buenos Aires para la prestación del servicio público de electricidad por el término de 50 años, que luego se extendió a los principales partidos de la Provincia de Buenos Aires. En 1910 la CATE inaugura la mayor planta de generación eléctrica de América Latina: la Central Dock Sud.

En la medida que el desarrollo urbano iba en progreso, nuevas compañías eléctricas se fueron instalando y la CATE tuvo que enfrentarse a un inesperado rival: la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. La empresa no era italiana sino suiza, fundada con capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus, con sede en Baden. La argumentación del Municipio para otorgar esta segunda concesión fue que contribuiría a bajar los costos de energía.

El convenio establecía que los edificios, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían automáticamente al patrimonio de la Municipalidad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato, igual que todas las ampliaciones y extensiones. Mediante una amortización progresiva del 2% anual, la municipalidad iba convirtiéndose en condómino de la compañía. Se establecía un fondo de previsión o renovación, una suerte de garantía pagada por las tarifas que aseguraba que al terminar la concesión todas las instalaciones pasarían al Estado en perfecto estado de conservación.

En 1912 la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (fundada en 1911) comienza a producir y distribuir energía eléctrica en las zonas Centro y Sur de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de alumbrado público y privado, fuerza, tracción y demás aplicaciones. Los servicios eléctricos de la CIAE más tarde se extenderían a varios partidos aledaños. A diferencia de CATE, esta compañía comenzó con plantas pequeñas de provisión de electricidad para el consumo familiar. El destinatario era el gran grupo inmigratorio de origen italiano asentado en Buenos Aires. En 1914 inauguró sus servicios desde un edificio ubicado en la calle José Andrés Pacheco de Melo, entre Coronel Díaz y Billinghurst. Se sumaron un grupo de usinas y subusinas de transformación, locales de carácter utilitario que ofrecían a la ciudad la peculiaridad de una arquitectura identificatoria de la empresa.

Simultáneamente la CATE pasó a convertirse en la CHADE (Compañía Hispano Argentina de Electricidad) en 1921 debido a un cambio en el origen de sus capitales.

Cuando se inauguró la usina Pedro de Mendoza, la CIAE ya había establecido varias centrales urbanas, formando un conjunto sistematizado de centrales, subusinas y pequeños edificios de apoyo (subestaciones estáticas). Esta usina principal a vapor (contaba con tres generadores de 6.250 kV cada uno), cumplió en principio sus funciones con otras cuatro secundarias (Moreno 1808, Balcarce 547, Montevideo 919 y Tres Sargentos 320) de iguales características arquitectónicas, hecho que se extendía a las subestaciones estáticas distribuidas por toda la ciudad. Esta Gran Usina fue librada al servicio en 1916, en la actual Av. Pedro de Mendoza, entre Benito Pérez Galdós y Caffarena. Anteriormente, allí se había ubicado originalmente la primera cancha del Club Atlético Boca Juniors.

En 1936 la CHADE pasa a convertirse en Compañía Argentina de Electricidad o CADE (capitales franceses) y CEP (capitales ingleses), luego de un proceso continuo de fusiones y adquisiciones entre las que participaron otras empresas, como el Grupo Herlitzka, Electric Bondand Share Co y el Grupo ANSEC. Además ese mismo año se produjo un escándalo cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires aprobó modificar los términos de la concesión original de la CHADE-CADE y CIAE por medio de las ordenanzas Nº 8.028 y 8.029, con una anticipación de 25 años respecto del vencimiento del plazo original. Dichas moficaciones extendían la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejaba sin efecto las cláusulas que no había cumplido. Los concejales radicales, que eran mayoría en el Consejo habían sido sobornados para votar a favor de la reforma, lo que generó la ira de muchos miembros del Partido. Este episodio se conoció como el "escándalo de la CHADE", ya que esa empresa fue la primera en presentar la propuesta de reforma, a la que pocos días después adhirió la CIAE.

Las ordenanzas fueron tan escandalosas que en 1943 se formó una comisión investigadora integrada por Matías Rodríguez Conde, Juan Sábato y Juan Pablo Oliver, donde se determina que lo actuado en 1936 era absolutamente ilícito. El 27 de mayo de 1944 la Comisión terminó su trabajo proponiendo dos decretos para retirar a la CADE su personería jurídica, anulando las prórrogas y reduciendo las tarifas. Sin embargo el informe no fue publicado sino hasta 1956 y los proyectos no fueron siquiera tratados por decisión del vicepresidente Juan D. Perón.

Por su parte, en el interior del país los servicios públicos de electricidad estaban a cargo de empresas de origen norteamericano (EBASCO, American Foreign, Power Co.) y suizo, creándose el grupo de empresas denominadas Empresas Eléctricas Argentinas. Las mismas tenían zonas de concesión bien definidas, conocidas como el grupo ANSEC y SUDAM.


SEGBA

Durante la gestión del Gral. Perón, el gobierno se enfrenta al problema de que las empresas de servicios públicos, que en su mayoría eran de propiedad privada, no prestaban un servicio acorde con los requerimientos de los usuarios. Tras la Segunda Guerra Mundial era evidente la deficiencia que existía en las instalaciones y equipos, la falta de inversiones, renovaciones y ampliaciones. Esta situación llevó a la intervención del Estado, que en lugar de seguir ejerciendo la regulación de las actividades, decidió tomar a su cargo la prestación directa de los servicios.

Así es que dentro del marco general de "nacionalización", comienza el proceso estatizador de las empresas eléctricas con mayor énfasis en el interior del país. Surge así el organismo denominado Centrales Eléctricas del Estado (CEDE) y se crea la Dirección Nacional de Energía (DNE) con funciones ejecutivas y de planeamiento. Se crea también la Dirección General de Irrigación (Administración Nacional del Agua), que junto con DNE daría origen a lo que sería, con el transcurso de los años, el ente autárquico denominado "Agua y Energía Eléctrica" (A y EE). En los '50 se crea también la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Además, se interconectan las Centrales Puerto Nuevo (CADE) y Nuevo Puerto (CIADE) con lo que se logra un sistema interconectado de generación en el ámbito de la Capital y GBA. En el interior del país surgen las empresas provinciales EPEC (Córdoba), EPESF (Santa Fe), ESEBA (Buenos Aires) y EMSE (Mendoza), entre otras.

El gobierno del Gral. Perón cayó en 1955, sin embargo, la política de "nacionalización" ya estaba instalada y continúa profundizándose. Para aquel entonces, la operatividad del área denominada "Gran Buenos Aires" (Capital Federal y distritos aledaños), aún seguía sometida a la decisión de diversas jurisdicciones municipales, inoperantes frente a la concentración poblacional.

En 1957, una comisión del gobierno (dec. 4498/57) dictaminó que “el contrato de 1936 fue celebrado sin licitación previa... ni contó con la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante", por lo cual se produce la nulidad de la concesión. Frente a ello, la CIAE inició juicios contra la Municipalidad y el Estado Nacional.

En octubre de 1958 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley Nº 14.772, federalizando el servicio de distribución de energía eléctrica en el ámbito de la Capital Federal y GBA, proclamándose la creación de una nuevaempresa mixta de electricidad, estableciéndose así las bases de lo que sería SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires). De esta manera el 1º de noviembre se integró el capital inicial de la empresa: el Estado Nacional era propietario del 80%, mientras que las empresas privadas Compañía Argentina de Electricidad (CADE) y la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (CEP) integraron el 20% restante. La CIAE no integra SEGBA y se mantiene como empresa privada sometida al régimen de concesión. Mediante decreto del 14 de septiembre de 1961 el gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas (CADE y CEP), con lo cual se produce la estatización total de la compañía. Ese mismo año se estableció la jurisdicción de la nueva empresa estatal y se le transfirió la Central Costanera Sur que estaba siendo ejecutada por AyEE.

El Estado aprueba un nuevo convenio de concesión con la CIAE, sin límite de duración, que mejora las condiciones de la ordenanza de 1936. Se le garantizaba un porcentaje mínimo de rentabilidad, asegurándole una utilidad neta sobre el total de sus inversiones en bienes de uso, los que serían revaluados anualmente. El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE, y ésta se comprometía a modernizar los equipos. El convenio fue aprobado por el decreto 5.571 y firmado por Frondizi, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.

A pesar de ello, los cortes eran frecuentes y la interconexión, hasta cierto punto, sirvió para ocultar las deficiencias de la CIAE, que tenían grandes problemas para prestar el servicio ante el acelerado deterioro de los equipos. Aunque ésta situación era causal de rescisión inmediata, cualquier indemnización era tan excelente negocio para la empresa como pésimo para el Estado ya que la mayor parte de los activos estaban amortizados.

Las promesas de inversión de 1961 recién se concretarían en 1967 (dictadura de Onganía) cuando el Estado aceptó avalar la compra de equipos Brown Boveri (del mismo grupo Motor Columbus) pagados mediante créditos del Banco Industrial.



SEGBA y EL SISTEMA INTERCONECTADO

En 1967, y por Ley Nº17.574, se crea la Empresa Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR) para la construcción y explotación en la zona del Comahue, de las Centrales El Chocón, Planicie Banderita y la Red de Interconexiónen 500 kV con el Gran Buenos Aires. En 1968 la CNEA encara la construcción de la Central Atucha I, y se realizan los estudios de interconexión argentino-uruguayo.

En 1973 SEGBA inicia un período denominado de la "Autogestión". Durante la presidencia del Dr. Campora se designa como Presidente de SEGBA a Juan José Taccone, miembro del Sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal. La gestión de la empresa se unificaba con la dirección del propio sindicato. Durante este período se logra ejecutar el 80% de los planes de obras previstos (en un marco de financiamiento sumamente conflictivo) y se consiguen entregas record de energía eléctrica a la red y reducción de los cortes de suministro. Paralelamente, se contuvieron los conflictos gremiales y no se produjeron sabotajes. Sin embargo, la experiencia de autogestión concluye en 1976, cuando el nuevo gobierno militar desplaza al personal más sindicalizado (incluyendo algunos secuestros y asesinatos) y designa a un Interventor.

La década del 70 está caracterizada por la entrada en funcionamiento de varias centrales de generación. Así, la CNEA finaliza la construcción de Atucha I en el norte de Buenos Aires, al tiempo que comienza la construcción de Atucha II y Embalse en Córdoba. La entidad Binacional Mixta de Salto Grande comienza la construcción de la central binacional y su finalización parcial permite la interconexión entre Argentina y Uruguay. En la zona del Comahue se habilitan las centrales Planicie Banderita y El Chocón, e Hidronor comienza la construcción de la Central Alicurá. Por Decreto Nº 8562/72 se crea el Despacho Unificado de Cargas (DUC) con la misión de operar y supervisar el Sistema Interconectado Nacional. Por su parte, luego de 60 años de servicio y luego de ser afectados parcialmente por un incendio en 1962, los turbo-grupos a vapor originales instalados en la Central Dock Sud por la CATE dejaron de operar definitivamente y fueron desmantelados y vendidos. En su reemplazo, y por su ubicación estratégica (prácticamente en el centro de carga del Gran Buenos Aires), fueron instaladas turbinas de gas que por su facilidad de arranque, eran habitualmente destinadas a absorber la carga que se presentaba en las horas del día de mayor demanda.

La concreción de proyectos nucleoeléctricos e hidroeléctricos, además de la expansión del Sistema de Transporte de Alta Tensión, permitió alcanzar en la década de los 70, y en gran parte de los 80, un apropiado equilibrio entre oferta y demanda.



NACIONALIZACIÓN DEL CIAE


En 1974 se crea una comisión de estudio de la concesión de la Ítalo formada entre otros por Guido di Tella y Alieto Guadagni. Un año después, Isabel Martínez de Perón anuncia que la CIAE sería nacionalizada. Por decreto 731 se encomienda requerir al procurador del Tesoro que estudie la legalidad del contrato-concesión. El dictamen del procurador Edgar Sáa del 30 de diciembre de 1975 determina que el convenio de 1961 lesiona las concesiones que otorgara el Congreso mediante ley 14.772 a empresas estatales o de propiedad estatal; su aprobación por decreto no es suficiente para conferirle eficacia; y es violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasiona su nulidad absoluta.

Por decreto 223 de abril del 76, la dictadura, considerando los diferendos con el Estado que existían con distintas empresas, creó en el área del Ministerio de Economía varias comisiones asesoras que estudiarían la situación, entre otras, de Siemens y Standard Electric (proveedores de EnTel), CIAE (distribución eléctrica), Esso y Shell (por la nacionalización de las bocas de expendio), etc.

Por decreto 274 del mismo mes de abril, el ministro de Economía Matínez de Hoz se excusa para intervenir en asuntos de que pudieran ser parte interesada la CIAE, ya que el por entonces ministro era director de la Ítalo desde 1969. Sin embargo, luego él mismo nombra, por Res. 92/76, a los miembros de la comisión que se encargarían del caso, formada por civiles y militares. Martínez de Hoz anuncia a la prensa que su objetivo es lograr una buena negociación para atraer más capitales.

En el acta 9 de la comisión 6 encargada del caso Ítalo se indican las posibles líneas de acción: compra de la empresa, firma de un nuevo contrato de concesión o expropiación.

Tras diversas deliberaciones, las conclusiones de la comisión negociadora indicaron dos cursos de acción: 1) derogar el decreto 648 de Isabel Martínez y “no tomar otra acción dejando la iniciativa a la empresa, la que presumiblemente denunciaría el convenio”, o 2) negociar la compra. El Gobierno decide adoptar el curso de acción 2, la compra, aunque la comisión sugería la pertinencia del primero.

La CIAE era por aquel entonces una empresa de capitales suizos, filial del consorcio Motor Columbus con sede en Suiza. Integraban el grupo las empresas locales: Sociedad Comercial del Plata; diversas compañías eléctricas ubicadas en el interior; la Cía Industrial Sud Americana y la Cía General de Combustibles (CGC), petrolera. Esta última, creada con el único objetivo de abastecerse con fuel-oil barato que producía YPF. El argentino-suizo Francisco Soldati (padre) presidía la CIAE, la CGC y Comercial del Plata. También había sido director de Motor Columbus. Su hijo homónimo era director del Banco Central, y también lo era de Comercial del Plata y CGC. Se reunía frecuentemente con los negociadores del traspaso. Roberto T. Alemann, quien había suscripto el nuevo contrato de concesión de 1961 había integrado el directorio de Motor Columbus y CGC, y además, había representado a la Unión de Bancos Suizos, accionista de la CIAE y de Motor Columbus. Por su parte, el embajador suizo en Argentina por aquel entonces era director de Motor Columbus. Parte del paquete de Motor Columbus pertenecía a la británica Brown Boveri y Walter Boveri era director de la CGC.

El 2 de junio de 1978 se firma un pre-contrato para la venta de los bienes. Los estudios realizados por la Comisión Investigadora de 1985 establecieron que el costo total de la transferencia había sido de: 394 millones de dólares.

Martínez de Hoz designó al contralmirante Fitte como administrador de los bienes de la ex CIAE. Toda su infraestructura pasó a manos de SEGBA en 1979.

La decisión de estatizar la Ítalo era de por sí llamativa y antagónica con los lineamientos económicos de la dictadura, que simultáneamente inauguró un proceso sistemático de desguace del Estado. Es decir, cuando todo se privatizaba, la CIAE era estatizada. A mediados de los 80, un estudio técnico de SEGBA estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex CIAE estaban amortizados, o sea que habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los ´30, turbinas obsoletas y cables con 50 años de antigüedad que SEGBA se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y el BID.

La Central Puerto Nuevo se convirtió en un monumento al óxido y a la infamia. El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra.

En 1987, todas las instalaciones que habían pertenecido a la Ítalo en Capital Federal fueron entregadas gratuitamente a la Municipalidad.


EL SISTEMA SIGUE EN CRISIS

Durante las décadas del 70 y 80 se logran algunos avances en materia de energía: se interconectan a la red nacional de 500 kV los sistemas eléctricos Centro, Cuyo, NOA y NEA, lográndose una cobertura del 90% del total del país. Se finalizan las obras de Salto Grande, Embalse y Alicurá, al tiempo que el Ente Binacional Yacyretá (Argentina y Paraguay) comienza la construcción de dicha central. En la zona del Comahue se inician las obras de la hidroeléctrica Piedra de Águila V.

Estas obras permiten que la composición de la oferta también cambie significativamente, ya que en 1980 la potencia instalada en plantas hidroeléctricas y térmicas era de 36% y 61% respectivamente, mientras que en 1990 esas proporciones resultaron de 41% y 53%, con lo cual se había logrado una importante reducción del consumo de combustibles fósiles.

Sin embargo, a pesar de las importantes inversiones realizadas en dicho período, la prestación del servicio en general no era del todo satisfactorio en términos de los índices de calidad de servicio como en los costos de inversión incurridos. Ello estuvo motivado en la baja productividad de las inversiones por la elección de tecnologías no óptimas, por la baja capacidad de control en el cumplimiento de los contratos de construcción (especialmente con respecto a las fechas previstas de puesta en marcha) y los montos implicados que producirían mayores costos, y por la corrupción imperante en las empresas. El mayor ejemplo de todo ello fue la construcción de Yacyretá.

Con el tiempo, el sobredimensionamiento del rol del Estado dio lugar a dificultades crecientes en la gestión de las empresas, situación agravada por un contexto político, económico y social poco propicio. Todo ello coadyuvó en provocar un creciente deterioro del servicio público en términos de eficiencia y calidad de servicio, fundamentalmente a nivel del servicio de Distribución.

Los problemas derivados de la inflación interna, del endeudamiento externo y de una economía cerrada, provocaron serios problemas de financiamiento en las empresas, que llevaron a las autoridades a emplear las tarifas como herramienta "anti-inflacionaria" y de "re-distribución" de ingresos, lo que generó una profunda descapitalización de las mismas.

Esta situación desembocó en la grave crisis de abastecimiento de 1988/1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional por una magnitud superior a los 1.000.000 MWh/año; crisis motivada por la insuficiencia de oferta de generación para abastecer la demanda por la conjunción de dos factores principales: la elevada indisponibilidad del parque térmico (mas del 50%) y el reducido aporte hidráulico (60% de los valores normales). La delicada situación del sector eléctrico a la que se había arribado, y la amenaza de recurrentes crisis futuras de abastecimiento, obligaron a buscar alternativas de reestructuración del sector, que hasta ese momento eran impensables.


PRIVATIZACIONES

En agosto y septiembre de 1989, durante la presidencia de Carlos Saul Menem se promulgaron las Leyes Nº 23.696 de Reforma del Estado y la Nº 23.697 de Emergencia Económica, que sirvieron de base para la Promulgación de la Ley Nº 24.065 (que entro en vigencia el 1º de enero de 1992) conocida como marco regulatorio del sector eléctrico, que constituyó el punto de inflexión de la política del sector. A partir de ese momento, el Estado abandona su rol de administrador y planificador para ocupar la función de diseñador y regulador de la actividad.

El sector eléctrico se fragmentó en tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Tanto la actividad transportista como la de distribución, pasarían a ser monopolios ya que se buscaba una máxima eficiencia que en ese entonces sólo podía ser conseguida a través de una regulación que incluía la fijación de tarifas máximas y altos niveles de calidad.

Los generadores, transportistas y distribuidores junto con los grandes usuarios mayores (GUMA), menores (GUME), y particulares (GUPA) conformarían los agentes de participación en el negocio eléctrico.

Todos estos agentes concurrirían al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicado en la localidad de Ezeiza. La función de administrar las transacciones económicas entre empresas del sector y realizar el Despacho Nacional de Carga recayó en una nueva sociedad anónima denominada Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), en la cual tendrían participación accionaria todos los actores del mercado (20% cada uno) y la Secretaría de Energía (el 20% restante). Esta nueva sociedad tendría a su vez la responsabilidad de realizar el despacho económico de las unidades, operar en tiempo real el sistema eléctrico y sancionar horariamente los costos marginales con el objeto de buscar el óptimo del sistema.

SEGBA fue disuelta y sus tareas quedaron divididas entre 7 nuevas empresas privadas. La distribución de electricidad se dividió en tres áreas, una perteneciente a EDENOR, otra a EDESUR y la última a EDELAP. En la parte de generación fueron creadas las empresas Central Costanera, Central Puerto y Central Dock Sud. Siendo que a la primera central termoeléctrica se le transfirieron 5 unidades BTH de 120 MW, la unidad 6 de 350 MW, y la unidad 7 de 310 MW manejada por operadores de élite. En junio de 1993 SEGBA transfirió sin cargo a la empresa TRANSENER la línea de 500 kV y varias subestaciones.

Cetral Puerto S.A., más que como una empresa, funcionaba como dos centrales: Nuevo Puerto y Puerto Nuevo. Hasta ese momento estas dos centrales operaban independientemente, no obstante, su cercanía física, hacía conveniente que funcionaran como una única unidad de negocio. Ésta fue la primera empresa generadora en ser privatizada, pasando a comercializar su energía a partir del 1º de abril de 1992. Todas las nuevas empresas privatizadas pusieron en marcha un plan de inversiones para renovar los antiguos equipos y mejorar la eficiiencia del negocio.

De acuerdo a los planes del gobierno se llamó a una Licitación Pública Internacional para la privatización de EDESUR S.A. En la misma participaron varios de los operadores del negocio eléctrico más importantes del mundo junto con los grupos económicos más relevantes de la Argentina. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 1507/92, adjudicó el 51% de las acciones a la oferta presentada por el Consorcio Distrilec Inversora S.A. ("DISTRILEC"), integrado por Perez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO, al ofertar el mejor precio (US$ 511.021.021), firmando el Contrato de Transferencia de Acciones con fecha 6 de agosto de 1992. El 1º de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión por parte del consorcio adjudicatario, iniciando EDESUR sus actividades dentro del área de concesión.

Simultáneamente Electricidad Argentina S.A. (EASA), constituida originalmente por Electricité de France (EDF), Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana S.A. (ENHER), Astra Compañía Argentina de Petróleo S.A. (ASTRA), Société D’Amenagement Urbainet Rural (SAUR), Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) y J.P. Morgan International Capital Corporation, se organizó para presentarse como oferente al mencionado concurso para la venta de las acciones clase "A" de EDENOR SA.

Con una oferta de U$S 427.972.977 le fueron preadjudicadas dichas acciones y el 6 de agosto de 1992 se firmó el contrato respectivo de transferencia del 51% de su capital social. La adjudicación y el contrato de transferencia fueron aprobados por el Decreto N° 1.507/92 del Poder Ejecutivo Nacional el 24 de agosto de 1992. La Concesión era otorgada por un plazo de 95 años, prorrogable por un máximo adicional de 10 años. El lapso de la misma se dividió en períodos de gestión, el primero de los cuales tendría una duración de 15 años y los siguientes de 10 años cada uno. Luego de cada período de gestión se debía proceder a la licitación de las acciones clase "A", representativas del 51% del capital de EDENOR S.A. Finalmente, el 10 de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión, iniciándose las operaciones de la Sociedad. EDENOR tenía por objetivo la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona norte de la Capital Federal y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Escobar, San Fernando, San Isidro, San Martin, Tres de Febrero, Pilar, Moreno, Gral. Las Heras, Gral Sarmiento, Gral. Rodríguez, Moron, Marcos Paz y La Matanza.

Por su parte, la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S.A.), la ex unidad de negocios La Plata de SEGBA fue entregada en concesión al consorcio COINLE. La sociedad fue constituida por el Decreto N°1795 publicado el 6 de octubre de 1992 y conforme al Contrato de Concesión del 3 de diciembre de 1992 la empresa sería titular de la concesión por un período de 95 años. Este período se dividía en uno inicial de 15 años, que finalizaba el 21 de diciembre de 2007, y ocho más de 10 años cada uno. La concesión facultaba a la Sociedad a operar como distribuidor exclusivo de energía eléctrica en seis partidos del sur bonaerense, prestando servicios a un área que rondaba los 5.700 kilómetros cuadrados, donde vivían aproximadamente 710.000 habitantes (2% de la población Argentina). A partir del 22 de diciembre de 1992 este nuevo operador se hizo cargo de los servicios de distribución en los siguientes partidos: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen.

La privatización de EDELAP S.A. incluía entre sus activos al Centro Operativo Dique. Sin embargo, las normas que regulaban la privatización de la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) determinaban que una misma persona jurídica no podía ser titular de una concesión de distribución de energía eléctrica y al mismo tiempo de una unidad de generación de energía eléctrica.

Por tal razón, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1398/92 se realizaron todos los actos necesarios para transferir la unidad de generación de energía eléctrica a una Persona Jurídica Independiente (Central Dique Sociedad Anónima) a partir de la fecha de transferencia a Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S.A.) de los activos y pasivos que formaron parte de la privatización. La central, con una potencia instalada de 29 MW, inició sus actividades como empresa privada el 22 de diciembre de 1992, fecha en la cual tomó posesión de la Compañía el nuevo consorcio adjudicatario.

De acuerdo al Pliego, EDENOR SA. y EDESUR S.A. constituyeron en partes iguales la sociedad SACME S.A., encargada del control de movimiento de energía provista a dichas distribuidoras.

Con fecha 10 de enero de 1994, EDENOR S.A., EDESUR S.A., el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmaron un Acuerdo Marco tendiente a resolver y normalizar la situación del suministro eléctrico a asentamientos y barrios carenciados. Así ambas Sociedades renunciaban a cualquier reclamo y/o cobro de facturas, actualizaciones, recargos e intereses originados desde el 1° de septiembre de 1992 hasta el 31 de enero de 1994 que tuvieran como origen las conexiones directas, hurto, consumos no registrados o cualquier otra forma de apropiación indebida de electricidad o uso irregular de la misma. El valor económico asignado a dicha renuncia fue atendido con un Fondo Especial, soportado por el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires con aportes porcentuales sobre la facturación efectivamente cobrada a los usuarios de los asentamientos y barrios carenciados. La duración del Fondo fue de 4 años a partir de la vigencia de dicho acuerdo.

Mientras tanto, en 1994 la concesionaria de Central Puerto S.A. construyó la central Loma de la Lata en la provincia del Neuquén y Central Costanera S.A. instaló un sistema de generación de ciclo combinado de avanzada tecnología, haciendo uso de terrenos e infraestructura existentes en la Central. La finalización exitosa de la primera etapa operativa de esta nueva unidad, a fines de 1995, constituyó un evento muy importante para Central Costanera, por ser la primera con estas características en el país y una de las pocas en Latinoamérica. Esta incorporación le permitía reducir costos de operación en un 40%, constituyendose en la empresa más económica del mercado y la más competitiva.

A partir de la privatización, las nuevas concesionarias volcaron sus esfuerzos hacia el logro de un mayor margen bruto, reduciendo los costos fijos y mejorando la calidad del servicio de acuerdo con las regulaciones vigentes. Los resultados obtenidos en los primeros años demostraron el éxito de los esfuerzos por mejorar la rentabilidad y mantener un servicio confiable.

Luego de las privatizaciones, el ente residual SEGBA S.A. en liquidación persistió hasta 1998.



DIFICULTADES DE AYER, HOY Y MAÑANA

Para el año 2000, a pesar del éxito en materia de inversiones y en calidad del servicio, aún subsistían problemas que no se habían resuelto cuidadosamente en la etapa inicial de la reforma. La principal señal de alerta era la paralización de las inversiones en generación, debido al bajo desarrollo del Mercado Mayorista de Contratos que había desembocado en una baja desmedida de los precios "spot", lo que hacía inviables algunos emprendimientos ya realizados, y desalentaba nuevas inversiones para el sector, provocando un futuro riesgo de desabastecimiento en el mediano plazo. Otros puntos a corregir estaban vinculados al atraso en las expansiones del sistema de transmisión y a la falta de proyectos de integración regional que también generaban incertidumbre en las decisiones de inversión.

Poco después, la crisis socio-económica de 2001, desembocó en una abrupta devaluación del peso argentino y en el congelamiento de tarifas de servicios públicos, impactando negativamente en la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, los salarios prácticamente no se modificaron en los primeros años post-crisis y los combustibles, que aumentaron su precio notoriamente en el 2002, se congelaron un año después. Lo mismo ocurrió con el dólar, cuyo valor trepo durante todo el año 2002, hasta que finalmente se estabilizo en una paridad cercana al 3 a 1 con relación al peso.

Una vez pasada la crisis y cuando ya se había alcanzado una cierta estabilidad en el nivel de precios, el objetivo de la política económica del presidente Nestor Kirchner fue mantener intacta esta nueva estructura de precios relativos: dólar alto y tarifas, transporte y combustibles baratos.

Por su parte, el gobierno implementó una política salarial de actualización para recomponer el poder adquisitivo. Un instrumento clave de la política económica fue la implementación de un esquema explícito de subsidios fiscales. A través de este esquema se mantuvo un grupo de precios críticos congelados sin generar quebranto para las empresas proveedoras (básicamente en el sector energético y del transporte de pasajeros).


Tras varios años de una política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria expansiva, el nivel de actividad se recuperó con fuerza, creció el empleo y se recompuso el salario real. De esta forma, los subsidios se fueron convirtiendo en una herramienta central de la política económica, basada en el consumo como motor principal de la reactivación. Sin embargo, el crecimiento de la economía, provocó la reaparición del efecto inflacionario, por lo que se volvió un tema primordial evitar subas de los precios internos de productos y servicios, con el fin de preservar el salario real. Por esta misma razón, los subsidios fueron engrosando cada vez más la cuenta de gastos del Tesoro, a tal punto que el gobierno gastaba más en subsidios que en obra pública.

Para descomprimir un poco la situación, en el año 2006 la Secretaría de Energía, puso en marcha el plan “Energía Plus” donde los usuarios cuya potencia instalada fuera superior a los 300 kW y que excediesen el nivel de la demanda del año 2005, deberían pagar un costo adicional por esta energía, lo cual impactó de lleno en la competitividad de las grandes industrias.

Desde el año 2002 hasta el año 2012, el subsidio energético había sufrido un aumento del 19.125%, mientras que la variación del dólar oficial para las mismas fecha había sido de tan solo un 30,06%. La inconsistencia entre ambos valores era evidente.

El nuevo desafío para el Estado era ir desarmando el esquema de subsidios sin provocar sobresaltos fuertes en la inflación debido a que los atrasos acumulados eran demasiado marcados con respecto a las tarifas congeladas. El sector eléctrico, era sin dudas el que presentaba mayores distorsiones, ya que para el año 2012 la factura promedio de un consumidor residencial debía multiplicarse casi por 4 para que se eliminaran los subsidios que recibían las empresas, mientras que en el precio del gas, la factura debía ser 6 veces mayor.

Por ello, a fines del 2011, tras la reelección de Cristina Fernandez de Kirchner el gobierno inició una eliminación gradual de los subsidios, en lo que se denominó como el programa de "redireccionamiento de subsidios", poniendo énfasis en que no se trataba de un aumento en las tarifas sino en la eliminación de dicho beneficio para zonas catalogadas como de ingreso alto, imponiendo mayor equidad en la aplicación de los mismos.

Sin embargo, este "no aumento" de las tarifas, afectaba seriamente a las empresas proveedoras del servicio que entraron en un estado crítico, técnicamente quebradas. En este contexto, a mediados del 2012 el Gobierno comunicó a las compañías que se implementaría un nuevo modelo en el mercado eléctrico en el que el Estado cubriría sus costos y les fijaría una rentabilidad sobre el capital empleado tras analizar caso por caso. Este esquema, conocido como "Costo Plus", regiría también para las nuevas inversiones.

De esta manera comenzaba una nueva etapa, cada vez más distante a la de los 90, donde cada empresa se hacía cargo de sus costos y buscaba la rentabilidad mediante una eficiencia en la gestión. La nueva estructura sería más similar a la que había implementado SEGBA con la CIAE en los 60. Como verán, los modelos populistas poseen de originalidad el relato y la creatividad de sus excusas, pero nada desde lo filosófico, científico y fáctico.  








Share this article :

+ comentarios + 3 comentarios

4 de enero de 2014, 13:46

Excelente trabajo Diego, felicitaciones. Un besito

Anónimo
4 de enero de 2014, 14:29

Impresionante informe don Peralta, lo imprimo y me lo llevo al trabajo el lunes. Saludos y muchas gracias. MarioM

28 de enero de 2014, 19:31

Excelente,no se si se me paso .....pero creo que obviaste el desastre de los chilenos(CHILECTRA),en febrero del 1999 que les costo el manejo operativo de EDESUR.
Hector Trabajador de EDESUR.

Publicar un comentario en la entrada

 
Letras Opacas.org | |
Copyright © 2011. PERIODISMO DE ESCRITORES - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Conseguir la ú…e Flash Player Blogger {{Usuario escritura-4}}