Mercado de capitales doméstico para energías renovables | PERIODISMO DE ESCRITORES

Mercado de capitales doméstico para energías renovables

domingo, 21 de diciembre de 2014 0 comentarios



Escrito por Lic Ramón D. Peralta

Todo para crecer. Entre 2003 y 2012, el tamaño del mercado argentino cayó del 30% al 7,28% de su producto bruto, En el resto de la región, el valor subió.



INTRODUCCIÓN



Los mayores desafíos para un profesional de la mercadotecnia y las finanzas, quizás pasen por lograr ponerse justo en el medio del absoluto como determinismo. Esto significa no hacer de la apología o su contracara, la negación, un proyecto espistemológico, holístico y estocástico como causa sui. Cosa arteramente dificultosa en la práctica. 



Cada vez que buscamos información para probar la existencia de algo, nos imponemos una misión previa, afirmar o refutar. Como si el maniqueísmo  implícito en la lógica clásica fuera una superfuerza cosmogónica, que condiciona nuestros esquemas cognitivos y asociativos de manera dogmática. Pero un buen profesional, no debe buscar información para poder argumentar un "si" o un "no", sino para acercarle al cliente o empresa empleadora, los riesgos inmanentes a eso que denominamos "realidad". 



En éste sentido, no es lo mismo el rol que juega el profesional que está empleado en la empresa que demanda dicho trabajo, que aquel profesional independiente, que trabaja baja la modalidad de "success fee" (comisión por resultados o  éxito). Quizás por ello, se haya instalado en el argot, que son mas fáciles los "no" entre los financistas empleados, y los "si", entre los profesionales autónomos. Las razones, como imaginarán, son de orden individualistas, puesto que los primeros cobran sus sueldos tanto sea por el "si" como por el "no", mientras que los segundos, solo lo hacen si el proyecto es llevado adelante. Decir "no", implica menos riesgos, desde lo individual, para el empleado, pues conlleva la tranquilidad a priori, de tener que verificar la veracidad de un "si". Claro, que son solo creencias...(?)



Lo que si les puedo asegurar, que es muy angustiante, tener que decirle "no" a un cliente, cuando uno es consultor o asesor financiero independiente, porque en ese no, se van, en muchos casos,  las únicas expectativas de ingresos u honorarios profesionales (a veces de todo el año). Ese "no" exige de mucha eticidad, moralidad, seriedad y compromiso para con el buen nombre y la propia palabra, activos estos; que hacen a un buen profesional del área. 



El día 2 de diciembre de éste año 2014, me reuní con el nuevo Subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Lic Paulo Enrico Farina. En dicha reunión, donde confluyeron otros economistas y financistas, se tocaron temas exclusivamente de índole financiero. Admito que la reunión fue muy amena, afable y distentida. Lo cual permitió que hablemos con claridad sobre una problemática, que desde hace mucho merecía un tratamiento al mas alto nivel. 



El hecho de que el Lic Farina, sea economista y se haya formado profesionalmente en el marcado de capitales de nuestro país, resultó relevante, cuanto menos para mi y los colegas que me acompañaron; ya que es la primera vez que se pudo debatir técnicamente con un Subsecretario de Energía Eléctrica, bajo el paraguas del "mismo lenguaje". Finalizada la introducción, veremos que conclusiones pudimos sacar, o bien, qué se puede señalar como evidente. 



ANÁLISIS DE UN PROBLEMA QUE PROMETE REPETIRSE 






¿Qué medidas se podrían tomar para facilitar los proyectos de inversión de energías renovables?



Obviamente, es la pregunta del millón. Aunque, quizás deberíamos practicar una leve incisión a la pregunta, para dividir entre el ¿qué medidas debería tomar el Estado Nacional o si prefiere, el poder político?, respecto de ¿qué medidas deberían y/o podrían adoptar las empresas?. Cuando hablamos de políticas de fomento a inversión productiva, - en éste caso para las energías renovables -, es recomendable, analizar lo todo como un sistema, que puede o no obrar como integrado, para luego proceder a estudiar cada elemento finito de ese corpus, a fin de poder cotejar el comportamiento de cada "molécula" con su actuación e interrelación en el conjunto. Así es como podemos ir descubriendo los principales escollos a ser removidos. 



Sobre que la capacidad crediticia de Cammesa (como Sapem), - a cargo del monosoponio del MEM-, está en su punto crítico; ya no es materia de polémicas ni discusiones (ni siquiera entre los mismos funcionarios del gobierno nacional). En particular, cuando hablamos del tipo de PPA implícito en la Resolución 108/11, instrumento contractual que no goza de garantía alguna por fuera de la naturaleza jurídica imbuida en el espíritu enunciativo de la misma. En otras palabras, hay que solucionar el riesgo Cammesa, así de simple. En éste sentido, podemos explicar las posibles soluciones, apelando a una metonimia que quizás sirva desde lo hermenéutico. Supongamos que hablamos de sistemas informáticos, podemos optar por corregir los errores de "hardware", o, corregir errores del "software". 



Lo ideal sería solucionar el "hardware", que está simbolizado en eliminar los quebrantos comerciales, que mes a mes se repiten en Cammesa sin (hasta ahora) solución de continuidad, básicamente explicado por la acumulación distorsiones económicas generado por los subsidios al consumo eléctrico (entre otros motivos). Pero solucionar esto, escapa a las posibilidades fácticas y existenciales de la empresa. No somos el gobierno nacional. 



Sin embargo, si agudizamos el ingenio, podemos encontrar soluciones en lo referente al "software". Que significa trabajar en corregir la cobertura de riesgo, inherente al instrumento formal del nocional PPA, activo subyacente y derivado financiero del commodity "electricidad". Precursor y punto de partida de cualquier tipo de estructuramiento financiero de proyectos de largo plazo, trátese de Corporate Finance, Project Finance, Financiamiento por Ley de Obra Públicas, etc. Para, no extenderme demasiado, diré que en la combinación, diversificación y atomización del riesgo entre sector público y privado, está la pista que nos conduce a una solución posible (para éste tema puntual). 



Pero el problema mas importante, no está en la rentabilidad, ni siquiera en la cobertura de riesgo, sino en la fuente de provisión de liquidez. Y acá es donde podemos describir al nudo Gordiano de éste sistema. Porque la ley de Energías Renovables, la existente y la por nacer, no poseen para el gobierno actual, el mismo status quo, que por ejemplo, la nueva Ley de Hidrocarburos; la cual contempla las modalidades de ingreso de IED (inversión extranjera directa) y la salida de dividendos para el inversor extranjero, siempre hablando de moneda de origen o divisas. Tampoco el gobierno está (hasta el día de hoy), dispuesto a conceder, por ejemplo, prórrogas de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros en los principales contratos del Indenture, como lo es el PPA (power purchase agreement). Cosa que no se exige en los países limítrofes, debido a una mayor confianza en sus administraciones e instituciones. Lo que me hace suponer, que la inversión extranjera para proyectos de energías renovables, mientras no se llegue a un acuerdo con los Hold Outs, estará lindando con lo imposible. Hay varios inconvenientes mas, pero los mencionados; se presumen los mas relevantes. 



¿Contempla estas cuestiones el proyecto de ley de Marcelo Guinle?



Tal como lo expresara, la nueva ley de EE.RR. si bien es muy buena y necesaria, no hará ninguna diferencia desde lo estríctamente financiero, y esto me resulta muy preocupante. Por ejemplo, a diferencia de la nueva Ley de Hidrocarburos, donde el debate estuvo centrado en la modalidad "Carry vs Farm in/out", es decir la mejor manera para traccionar IED (inversión extranjera directa), con la nueva ley de EE.RR se ignora por completo éste tan importante tema. Por mencionar algo, podemos referenciar la posibilidad de que las petroleras puedan ingresar divisas del exterior mediante instrumentos de deuda pública, convertibles a un dolar conocido bajo el eufemismo de "liqui" (muy próximo a los $ 12,00 dependiendo de las fluctuaciones del mercado de capitales doméstico). En cambio, para las EE.RR, las empresas deben ingresar (hasta ahora), sus dolares mediante el "MUI" (mercado único de intercambio) o Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), es decir, ingresar divisas al cambio oficial ($ 8,54). De más está decir, que las diferencias son mas que sensibles. 



Otra enorme diferencia entre la nueva Ley de Hidrocarburos vs la nueva Ley de Energías Renovables, está dado por la potestad que tienen las petroleras de poder girar hasta un 20 % de utilidades libremente a sus casas matrices. Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.


Chevron también exigió una "garantía adicional", de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento. El acuerdo además, estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina YPF ante posibles reclamos de terceros y posibles bajas de la rentabilidad. Garantías que ya están con los motores en marcha, ante la estrepitosa baja del petroleo. 

Muchas de las condiciones que había delineado Chevron en los documentos del 16 de abril de 2013 se plasmaron primero en el decreto 1208/13 y luego en la ley 2687 de la provincia de Neuquén; después en el decreto 292/2013 -que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos-, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por último, terminaron en la ley 27.007 de hidrocarburos, que el Congreso aprobó el 30 de octubre.

Conocida como la "ley Galuccio" porque el presidente de YPF se convirtió en su impulsor más férreo, la norma se defendió desde el oficialismo como una herramienta clave para que la Argentina alcance su "soberanía energética". Las empresas del ámbito de las renovables, no poseen ninguno de estos beneficios, ni por ley, ni por idiosincracia, ni por decisión política. Es curioso, porque un parque eólico de solo 100 Mw de generación nominal, implica una inversión de alrededor de 250 millones de dolares; y si tomamos en cuenta, que alcanzar la meta del 20 % de nuestro consumo total de electricidad se traducen en mas de 20.000 millones de dolares en 10 años, ¿Por qué no darle los mismos derechos otorgados a Chevrón; a los potenciales inversores en renovables?...



¿Qué aspectos desde el punto de vista financiero no tuvo en cuenta el GENREN?

Los mismos que ahora. Los escenarios de la economía doméstica y la coyuntura macro internacional, no son iguales a la del 2009, son peores. Y los hechos son el mejor lenguaje conque describir ésta realidad. Con el GENREN, solo se pudieron construir parcialmente (módulos), dos parque de generación eólica, el de Genneia en Rawson, y el de Isolux Corsan en Madryn (Lomas Blanca VI). Y vaya curiosidad, ambos se estructuraron financieramente en el mercado doméstico de capitales. En otras palabras, ninguno de los desarrolladores adjudicatarios de PPAs del GENREN, pudieron obtener financiamiento de los mercados internacionales de capitales. Tampoco pudieron oficiar con éxito de Asset Management (gestores de activos), ya que los auténticos sponsors o patrocinadores globales de éste tipo de inversiones, se mantuvieron alejados de Argentina, en espera de "mejores vientos" (económicos y financiceros). Tampoco se pudieron articular, esas políticas proactivas con un sector financiero, que hasta ese momento tenía un profundo desconocimiento de las ingenierías financieras enmarcadas dentro del "Project Finance". Situación que no ha cambiado en demasía, toda vez que los operadores fiduciarios no cesan de privilegiar la calificación del emisor, respecto a la calificación de la emisión, inmanente a la división entre corporative finance y project finance. Tema que no es menor, cuando vemos las consecuencias que generó el default de una de las empresas insignes del sector, me refiero a IMPSA. Si realmente, se hubiese hecho un project finance en su acepción lato y técnica, los proyectos de Malaspina y koluel Kaike, no hubiesen sufrido afectación alguna del holding. Porque la finalidad última del project finance, es justamente aislar el proyecto, de los riesgos de sus propietarios, tanto como de los inversores. 


¿Qué medidas se podrían tomar para que el sector pueda reactivar los proyectos?


Primero, estudiar, contemplar, filosofar y aprender. Aprender de nuestros errores para que estos no se repitan. Comprender que lo que vimos en la universidad, no necesariamente aplica a la Argentina, por la sencilla razón que estamos en terrenos resbaladizos, nuevos y con personalidad propia. Donde la heterodoxia económica vernácula, rompe con todo empirismo y berrinches academicistas. Todo sistema financiero debería tener por misión la aportación, la autorización y la valorización de crédito para la sociedad de la que forma parte. La finanza es un subsistema dentro de la gran dimensión de lo económico que cumple tres funciones primordiales: intentar garantizar el flujo de dinero que se utiliza para pagar; identificar, recoger, y organizar el ahorro para luego ponerlo al servicio de los proyectos de inversión; y evaluar el riesgo, atribuiyéndole un valor de referencia para permitir que esos fondos sean asignado de forma eficiente. En éste sentido las políticas del gobierno actual, si bien estuvieron plagadas de buenas intenciones, demostraron en la práctica ser caóticas, ambiguas y poco eficientes. Porque en síntesis, mas allá de la situación de aislamiento respecto a los mercados globales de capitales, tampoco internamente se pudo ordenar el circuito financiero, toda vez que las políticas de fomento al consumo, produjeron una suerte de especulación neurótica en favor de las colocaciones de corto plazo. Así fue como los fideicomisos financieros para proyectos productivos, fueron avasallados por los fideicomisos de consumo, de compensación, etc

Por ende, a mi entender, la misión principal de cualquier sistema financiero contemporáneo debe asegurar el aporte de fondos de manera equilibrada para el desarrollo de la sociedad y las empresas, pero también debe resguardar un porcentual de abastecimiento de liquidez, con el fin de apalancar los proyectos de infraestructura y grandes obras para servicios públicos. La participación mancomunada en dichos proyectos, entre sector público y privado es muy loable, no obstante, el gobierno debe admitir que cuando hablamos hoy, de "mercados de capitales domésticos", estamos hablando de Banco Nación, BICE, el Inciso K, Anses y esporádicamente la CAF, es decir....de ellos mismos. 


En síntesis, hoy tenemos las puertas cerradas en los mercados internacionales de capitales, el mercado de capitales doméstico está en manos del gobierno central, en un claro marco de crowding out, donde el estado nacional ha desplazado los pocos espacios que existían para que las empresas puedan financiarse en el largo plazo. Sin negociación con el gobierno, por ahora, no hay posibilidad alguna de financiar grandes proyectos de energías renovables mientras persista nuestra calificación de economía fronteriza en default selectivo.


De las jurisdicciones, PPA y soluciones‏. Tomando como ejemplo la provincia de Neuquén.


Para hacer éste tipo de correcciones (mitigar el riesgo Cammesa), es necesario apelar al tracto jurídico existente, la doctrina y jurisprudencia, no siempre fácil de reunir o consensuar. Yendo al grano, diré que lo que sin duda, podemos hacer es separar, generación de transmisión, y ésta a su vez de distribución y comercialización. Explicado de manera sencilla, el esquema sería:

1.- El sponsor ergo generador le vende a Cammesa, mediante PPA (secundario) con garantías y avales nacionales y soberanos. Obteniendo con esto, además de las garantías necesarias, el correspondiente respaldo de potencia para el tipo de intermitencia inmanente a las energías renovables (en especial la eólica).

2.- Cammesa, (off Taker - tomador) mediante PPA (primario), vende a su vez, bajo los mismos términos, al EPEN (consumo residencial) o a las empresas privadas radicadas en Neuquén ( GUME, GUME y GUDI), quienes serán en definitiva quienes usarán la electricidad, ergo serán quienes, aportarán en última instancia el flujo de fondos para el estructuramiento financiero. Esto no solo diversifica y atomiza el riesgo, sino que además le quita la mala calificación a Cammesa, ya que aísla en el Project Finance la solvencia del microsistema. 

3.- La provincia de Neuquén, al igual que lo hiciera la provincia de San Luís, Salta y otras en vías de tratamiento legislativo, y, tomando en cuenta que el gobierno nacional, ha permitido a las provincia desligarse del otrora programa de convergencia tarifaria, DEBERÍA, legislar su propia ley de EE.RR. donde traslade la obligatoriedad de consumo del 8% para el 2017 hasta llegar al 20 % en el 2025, a todo su rango de consumidores, SIN EXCEPCIÓN. 

En el asunto jurisdiccional, la generación, en éste caso, solo adquiere jurisdicción nacional, por la necesidad de contar con respaldo de potencia del MEM, y además para poder volcar las ventas a los grandes usuarios que compran directamente en CAMMESA, los nuevos contratos de PPA. También para que la provincia evite tener que garantizar con sus propios activos o patrimonio dicha modalidad de forward delivery. 

Pero no caben dudas, que la distribución en redes de jurisdicción provincial, así como la comercialización y el consumo de electricidad, es de jurisdicción provincial y local. Y si la generación no necesitara de respaldo de potencia ni garantías, y esos electrones transitaran por redes provinciales, también la generación sería de jurisdicción provincial. 

Marco Constitucional. En materia energética, la problemática del deslinde de competencias – fundamentalmente entre la Nación y las Provincias- ya había sido planteada con anterioridad a la reforma operada a partir de la sanción de las Leyes 23.696 y 24.065. La base de la discusión partía de las propias normas constitucionales aplicables. 

Ya señalaba Germán Bidart Campos que “la planificación, el ordenamiento y la prestación del servicio eléctrico en sus diversas etapas ha suscitado desde hace tiempo –al igual que otros problemas análogos en los que se ventila el reparto de competencias entre estado federal y las provincias- la controversia de posiciones centralistas y federalistas”.

En dicha controversia –que hoy subsiste, como se observará en los supuestos que se analizan seguidamente- la competencia federal para que el Congreso Nacional legisle sobre energía eléctrica y planifique la política energética se funda en dos cláusulas de la Constitución Nacional. Ellas son, por una lado, la denominada “cláusula del progreso” - actual artículo 75 inc. 18 de la Carta Magna-, completada –luego de la reforma de 1994 por el inciso 19 siguiente- y, por el otro la “cláusula comercial”, contenida en el artículo 75 inc. 13. La “cláusula del progreso” citada tiene su contrapartida en la contenida en el articulo 125 de la Constitución Nacional que fija competencias similares en cabeza de las Provincias.

Por otro lado, para justificar las competencias locales no debe olvidarse que nuestro Estado, de acuerdo al modelo constitucional adoptado, es una organización de base territorial integrada por provincias y municipalidades, como ordenamientos parciales de la estructura primaria u originaria, a la que se le reconoce la soberanía en el primer nivel de las potestades estatales. Por tratarse de un sistema federal, las provincias conservan todo el poder no delegado en el gobierno central, se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. (artículos 1, 121 y 122 de la Constitución Nacional). Entre estos poderes se encuentra el de organizar su propia administración y, en consecuencia, todos los servicios públicos locales. 

Luego de la reforma de 1994, deben citarse también como aplicables a la temática en análisis el artículo 42, tercer párrafo de la Constitución Nacional - que prescribe que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control-, el inciso 2 del ya citado artículo 75 –que, al referirse a la ley convenio de coparticipación de impuestos, estatuye que no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso- y – finalmente- el artículo 124 -que declara que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Finalmente, para completar el plexo constitucional aplicable, mencionamos al artículo 31 de la Carta Magna Nacional que consagra la supremacía de la Constitución de cuyo principio se ha extraído la conclusión de que, en caso de duda sobre la aplicabilidad de normas federales o provinciales, las primeras deben prevalecer.

Como esquema fundamental derivado de la normativa constitucional citada, se concluye que, por un lado, existe una materia que implica jurisdicción exclusiva de la Nación que es aquélla que supone comercio interprovincial o internacional y se basa en la Cláusula Comercial. 

Asimismo, existe un área de competencias concurrentes entre la Nación y las Provincias, que surgen de las respectivas “cláusulas de progreso”. La competencia “exclusiva” de las provincias se determinará por todas aquellas materias no delegadas, siempre y cuando su ejercicio local no interfiera con las actividades declaradas federales. 


Competencia federal exclusiva: Partiendo de la cláusula del comercio de la Constitución Nacional se sostiene que el fluido eléctrico y las redes que se comunican e interconectan entre dos o más provincias -o internacionalmente- determinan la jurisdicción federal sobre dicha comunicación interprovincial o internacional. Germán Bidart Campos, aceptando esta premisa considera conveniente aclarar los alcances de esta jurisdicción federal pues, dada la índole de todo el proceso que se inicia con la generación de la energía eléctrica y culmina con su aprovechamiento por el usuario, la red nacional de interconexión o el despacho nacional de cargas podrían llevar a que la integralidad de dicho proceso y del servicio cayera en jurisdicción federal “destruyendo los mercados locales de consumo y la distribución y comercialización que en ellos se opera”.

Opina este autor que la mera interconexión que - por ejemplo - implicara transmitir fluido interprovincialmente o desde un centro generador de dominio o jurisdicción provincial a las provincias, sólo sometería a jurisdicción federal las fases del proceso anexas a la interconexión pero no las que importan disponer del fluido en cada jurisdicción local para los fines del mercado eléctrico local.

Competencia Provincial. De acuerdo a este esquema, el autor determina que las Provincias retienen: 

a) El dominio de sus bienes y fuentes de generación eléctrica; 

b) La jurisdicción sobre el proceso eléctrico que, arrancando de una producción local cubre sus ulteriores etapas circunscribiéndose al ámbito y comunicación exclusivamente provincial; 

c) La jurisdicción para regular el mercado eléctrico local en las etapas del proceso eléctrico que no caen dentro de la “comunicación” interprovincial o internacional , aún cuando otras etapas –como por ejemplo, la generación o la transmisión- sean de jurisdicción federal; 

d) El servicio público implicado en los supuestos b) y c) Concluye sosteniendo que la interconexión interprovincial o internacional no atrae íntegra y totalmente a jurisdicción federal el proceso eléctrico en todas su etapas – perfectamente escindibles- sino sólo las fases y los casos que, admitida esa separación real, se vinculan con la interprovincialidad o internacionalidad

La Ley Nacional 15.336 en su artículo 6º -que no ha sido derogado ni modificado por la Ley 24.065- declaró de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando los servicios se vinculen con: 

a) La defensa nacional; 

b) el comercio de esa energía entre la Capital Federal y una o más provincias; o entre una provincia con otra; 

c) los lugares sometidos a legislación exclusiva del Congreso Nacional 

d) los aprovechamientos hidroeléctricos conectados; 

e) la Red Nacional de Interconexión; 

f) el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera; 

g) la generación de energía eléctrica mediante energía nuclear o atómica. 

La Ley 15.336 en sus artículos 11 y 35 se refiere a los Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP), las centrales, líneas y redes de transmisión de jurisdicción provincial, estableciendo que los gobiernos provinciales resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional. 

Corresponde a la jurisdicción provincial: 

a) El dominio de sus bienes y fuentes de generación eléctrica. Este tópico está hoy reconocido en el artículo 124 de la C.N.. Diferenciando dominio de jurisdicción, debe admitirse que algunas fuentes generadoras, siendo de dominio provincial, estén sujetas a jurisdicción federal si la fuente productora se expandiera o conectara en algunas de las etapas del proceso eléctrico, sólo a los fines de la interconexión. 

b) La administración del mercado eléctrico local, desde la producción, cubriendo las ulteriores etapas que se desarrollen en el ámbito estrictamente provincial. Sus atribuciones alcanzan la regulación, prestación y policía de los servicios.

Cabe señalar que el artículo 12 de la Ley 15.336 –también vigente- establece que las obras e instalaciones de generación, transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en la misma no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones o sujetas a medidas de legislación local, que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación, aclarando que no se comprende en esa exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local. 

A su vez, la Ley 14.772 había declarado la jurisdicción nacional de los servicios públicos de electricidad interconectados que se prestaban en la Capital Federal y diversos partidos de la provincia de Buenos Aires, estableciendo que su prestación por parte de las distribuidoras se llevaría a cabo respetando los poderes locales en todo aquello que fuera compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional. 

Luego del dictado de la Ley 24.065, la Dra. María Graciela Reiriz ha sistematizado las competencias nacionales en materia eléctrica, según el siguiente detalle: 


Competencias legislativas 


• declarar servicios públicos de jurisdicción nacional (art. 6, Ley 15.336) 

• autorizar aprovechamientos de energía hidroeléctrica por trasvasarse de agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, afectando mas de una provincia. (art. 8, Ley 15.336) 

• Reglar las fuentes de energía eléctrica (art. 9, Ley 15.336) 

• Expropiar bienes indispensables para el regular funcionamiento de la Red Nacional de Interconexión y los demás servicios eléctricos nacionales (artículo 10, Ley 15.336) 


Competencias administrativas 


• Otorgamiento de concesiones por el Poder Ejecutivo, quien ejercerá las funciones inherentes al poder jurisdiccional (art. 11 de la Ley 15.336, modificado por el artículo 89 de la Ley 24.065). Según el artículo 14 (texto según Ley 24.065) se requiere concesión del Poder Ejecutivo Nacional para el aprovechamiento de las fuentes de 

energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública cuando la potencia exceda los 500 Kv., como para el ejercicio de actividades destinadas al servicio público de transportey/o distribución de electricidad.

• Autorización, por la Secretaría de Energía para la exportación e importación de energía eléctrica.

c) Competencia del ENRE, Son las establecidas en el Capítulo XII12 de la Ley 24.065.



Competencias concurrentes 


Del juego de los artículos 75 inc. 18 y 107 se delimitan las facultades concurrentes de la Nación y las Provincias. Señalaba Bidart Campos que la cláusula del progreso contenida en el entonces artículo 67 inc. 16 (75 inc. 18) de la C.N. no debe interpretarse de manera tan laxa que olvide los poderes concurrentes de las Provincias. 

De acuerdo a la primera de las normas, explicaba el autor, no cabe duda que la planificación integral de la energía eléctrica encuadra en la competencia legislativa del Congreso Nacional, pero esto no debe llevar a descuidar las competencias que también se le asignan a las Provincias. Y expresaba que el deslinde entre jurisdicción federal y provincial no podía hacerse total y exclusivamente con criterio territorial. Por ello, si en principio la atención de los mercados eléctricos locales y la generación aislada (no conectada a la red nacional de interconexión) incumben a las Provincias, los aspectos del comercio eléctrico que en el sector local se interjurisdiccionalizan conforme a la cláusula comercial, caen bajo jurisdicción federal en lo que significa comercio interprovincial o internacional, a los efectos de la interconexión. A la inversa , continúa, la generación local conectada a la red nacional de interconexión no frustra la jurisdicción provincial en los aspectos ajenos a la interconexión. 

Por ello, concluía –en aseveración que es hoy totalmente vigente- en que la calificación de “local” no es en rigor lo que geográficamente se sitúa dentro de una provincia puesto que lo aparentemente intraprovincial puede ser, verdaderamente, interprovincial si afecta al comercio interprovincial. 

Siempre fundado en el artículo 107 (actual 125) de la C.N. Bidart Campos entiende que las Provincias podrían –incluso- celebrar acuerdos interprovinciales que establecieran una electrificación regional para dos o mas provincias. En este supuesto, la jurisdicción federal surgiría solamente a los fines de la interprovincialidad, pero no sobre el servicio eléctrico de cada provincia.

Ya bajo la vigencia del nuevo texto del artículo 124 de la C.N, en concordancia con el artículo 125, Ismael Mata reflexiona sobre el servicio vinculado con el comercio de las provincias entre sí o de estas o de éstas con una nación extranjera, ya que resulta necesario conciliar tales casos con las facultades provinciales de crear regiones para el desarrollo económico y de celebrar convenios internacionales y tratados parciales para satisfacer intereses económicos y trabajos de utilidad común (arts. 124 y 125 C.N.). 

De acuerdo a estas atribuciones reservadas, considera que las Provincias tienen la libertad de interconectar servicios a través de acuerdos regionales, parciales o internacionales, siempre que no interfieran con los objetivos federales y se ponga en conocimiento del Congreso Federal la celebración de los mismos. Concluye que, ante las señaladas facultades provinciales, no bastaría con el carácter interprovincial o internacional del servicio para el ingreso en la jurisdicción provincial. Haría falta, además, que se configure una interferencia con el cometido federal. 

Para no atosigaros mas de lo debido en un solo texto, le anticipo que la ingeniería financiera posible y mas recomendable para el 2015, consistirá en una mezcla de financiamiento público y project finance con colocaciones en el mercado doméstico de capitales. 


PENSAMIENTO LATERAL MATEMÁTICO EN LAS FINANZAS


Con el pensamiento lateral sería posible romper con este patrón rígido, lo que permitiría obtener ideas mucho más creativas e innovadoras para representar todos esos caminos alternativos o desacostumbrados, que permiten la resolución de los problemas de forma indirecta y con un enfoque creativo. En particular, la técnica se basa en que, mediante provocaciones del pensamiento, se haría posible un desvío del camino o patrón habitual del pensamiento.


Según esta teoría, la aplicación del pensamiento lateral a la vida cotidiana, así como la técnica de alumbrar los problemas desde distintos puntos de vista, permitiría encontrar diferentes, nuevas e ingeniosas respuestas para problemas ya conocidos 



Bono plantea que el pensamiento lateral puede ser desarrollado a través del entrenamiento de técnicas que permitan la apertura a más soluciones posibles, y a mirar un mismo objeto desde distintos puntos de vista. 



Las finanzas como ciencia, pretende ser un conocimiento lo mas exacto posible, y como tal, consciente de su racionalidad y coherencia, como un ente necesario (también de sus limitaciones). La energía vitalista de éste tipo de saber, radica en la neurótica y desenfrenada búsqueda de información, y a posteriori, su eficaz interpretación y análisis. Por ende, la podemos presumir como una pesquisa voluntariosa de los argumentos que expliquen una puntual problemática y fenomenología, de tal manera que, cuando la comprendamos, podamos intuir y predecir con cierta responsabilidad y seriedad, las probabilidades de éxito o fracaso de un proyecto productivo o de inversión. Obviamente, teorizar resulta mas sencillo que su práctica. 



Desde una mirada cuasi filosófica, podemos decir que la empresa no es mas que un haz de luz por donde navega o circula un paquete determinado e indeterminado de flujos de caja, que en su camino van generando nuevos activos fijos y móviles. Provocando así distintos tipos de valoraciones, que a veces son estáticos, en otras dinámicos, para en algún punto volver a fusionarse. 



El ámbito de estudio de las finanzas abarca tanto la valoración de activos como el análisis de las decisiones financieras tendentes a crear valor. La interrelación existente entre el análisis de la decisión a tomar y la valoración viene dada desde el momento en que un activo cualquiera sólo debería ser adquirido si se cumple la condición necesaria de que su valor sea superior a su coste (ésta condición no es suficiente porque puede haber otros activos que generen más valor para la empresa - ergo valoración estocástica). 



Se denomina estocástico al sistema cuyo comportamiento es intrínsecamente no determinista. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento es no determinista, en la medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado tanto por las acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios. 







DIVISIONES A TENER EN CUENTA: INGENIERÍAS FINANCIERAS





a) Finanzas Corporativas y Project Finance (con sus cuatro sub-ramas: Managerial Finance (MF), Negociación y Estrategia (NE), Estructuración (ES), Law and Banking (LB)



b) Mercado de Capitales (con dos sub-ramas: Métodos Numéricos (MN) y Asset Management (AM). Y dos corpus: Doméstico o internacional

c) Financiación pública. Por ley de obras públicas, una combinación de Corporative Finance y Project Finance con financiación pública, u otras ingenierías financieras con aportes de Fondos Fiduciarios del estado nacional, provincial, etc. 



ANÁLISIS CUANTITATIVO



El análisis cuantitativo suele basarse en tres tipos de matemáticas: la estadística y la probabilidad,  el cálculo centrado en ecuaciones en derivadas parciales y la econometría. La mayoría de los analistas cuantitativos tienen escasa formación en economía, y suelen aplicar un conjunto de herramientas tomadas de la física. Los físicos suelen tener menos experiencia en técnicas estadísticas, por lo que suelen basarse en aproximaciones basadas en ecuaciones en derivadas parciales, y sus soluciones suelen basarse en el análisis numérico.



MÉTODOS DE ANÁLISIS NUMÉRICOS


  • Método de las diferencias finitas, utilizado para resolver ecuaciones en derivadas parciales, y
  • Método de Montecarlo, también utilizado para resolver ecuaciones en derivadas parciales, pero siendo también común la utilización de la simulación de Monte Carlo en la gestión de riesgos.

A partir de 1995 con la Ley de Fideicomisos Financieros, se dividió la calificación de los proyectos productivos, separando al emisor de la emisión en cuanto a su análisis y consideraciones. Hoy en el primer mundo, esa calificación está aun mas atomizada, por cuanto analiza cada uno de los elementos finitos del Project Finance. El financiamiento se refiere a las emisiones primarias y la cobertura de riesgo (derivados financieros), siempre debe jugar con la solidez del PPA y la posible provisión de liquidez del mercado de capitales.




MODIFICACIONES AL MERCADO DE CAPITALES DOMÉSTICO

De acuerdo con la ley aplicable de cada nuevo instrumento de deuda, el artículo 3 del Decreto Nº 1735/2004 establece la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, Londres y Tokio. Sin embargo, existen diferencias entre estas cláusulas y las utilizadas con anterioridad. El Decreto Nº 1735/2004 establece expresamente que el Estado Argentino no renuncia a la inmunidad de ejecución respecto de las sentencias que deriven de dicha prórroga de jurisdicción. Asimismo, fruto de las experiencias del Gobierno tras el default, la nueva cláusula de renuncia tampoco incluye la propiedad diplomática ni militar.

Mediante el decreto 319/04, se autorizó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, se incluyó la "renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana de Argentina", incluída en el anexo conocido como "Carta de Contratación" (redactada en inglés como "Engagement Letter") mas su enmienda aprobada por el artículo 7 del mencionado decreto. Pero como ya vimos, el gobierno aun no está dispuesto a trasladar éste beneficio a las energías renovables.

Otras alternativas para facilitar el financiamiento consisten, en permitir la contratación, los agrupamientos y asociaciones, la distribución para abastecimientos menores, los mercados voluntarios, las cadenas de valor y la conexión de la energía generada por un usuario a la red eléctrica.

En Argentina, el sistema bursátil se encontraba regulado por la Ley 17.811 y la autoridad de control es la Comisión Nacional de Valores (CNV), entidad autárquica con jurisdicción en toda la República, actuante en la órbita de la Subsecretaría de Servicios Financieros, de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.



Las bolsas de comercio son el ámbito de negociación de los títulos valores y tienen como funciones principales las de autorizar, suspender, cancelar la cotización de títulos valores y de asegurar la veracidad de los balances y documentos que deban presentarles para su publicación y difusión.



La Subsecretaría de Servicios Financieros tiene como uno de sus objetivos la formulación de políticas y regulaciones para el desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones públicos y privados.



La CNV ejerce su competencia sobre las entidades e instrumentos que intervienen en el mercado de capitales y su misión es velar por la transparencia de los mercados de capitales de la República Argentina, la correcta formación de precios y la protección del público inversor. Para ello regula, controla, inspecciona y aplica sanciones sobre las sociedades que emiten títulos valores para ser colocados de forma pública. Además, su accionar se proyecta sobre las bolsas de comercio, los mercados de valores, las cajas de valores, y sobre las empresas calificadoras de riesgo.



Asimismo, los mercados de valores constituidos bajo la figura jurídica de sociedades anónimas, tienen como función liquidar y garantizar las operaciones de los agentes y sociedades de bolsa, los cuales deben ser accionistas de algún mercado de valores determinado para poder operar en él.



Finalmente, las cajas de valores tienen como función recibir depósitos colectivos de títulos valores públicos o privados, los cuales son administrados por las bolsas y negociados por los agentes de un mercado de valores. A su vez se encargan de llevar registros de las cuentas de los inversores y comitentes.



Por otro lado, las Sociedades Calificadoras de Riesgos (SCR) son sociedades anónimas formadas por especialistas que dan una opinión técnica independiente sobre la capacidad de pago de un emisor de sus valores negociables de deuda. También pueden opinar sobre títulos representativos de capital, así como de fondos y títulos emitidos dentro de la estructura de un Fideicomiso Financiero.



La nueva ley 26.831, cambia la estructura y organización del mercado de capitales argentino. Entre otras cosas, el nuevo marco normativo modifica aspectos fundamentales en consonancia con la legislación mundial a la cual se van adecuando las Bolsas de la región.



El principal aspecto que modifica es que elimina el requisito de ser accionista de un mercado para tener derecho a ser operador. Así, se eliminó la figura del agente de Bolsa y surgieron distintos tipos de agentes registrados en los mercados habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los nuevos agentes en teoría, comenzaron a operar a partir del 1° de julio de 2014. 



El segundo aspecto de relevancia es que los mercados de valores dejaron de estar autorregulados y pasaron a ser mercados controlados y reglamentados por la CNV.

El espíritu de la ley y los legisladores fue que se formara un mercado único en Argentina en el cual se pudieran negociar todos los instrumentos financieros, incluso las operaciones de futuros y opciones registradas en mercados autorizados.

Hasta el momento, no se han habilitado mercados y la CNV otorgó a estos y a las cámaras compensadoras la posibilidad de funcionar hasta el 31 de mayo bajo su situación actual.

La nueva estructura implica un cambio enorme pues afecta derechos patrimoniales y societarios de todos los participantes y es muy difícil lograr en tan poco tiempo una reestructuración completa.

UN FUTURO DE CRECIMIENTO (?)

Para analizar el tamaño del mercado de capitales argentino sólo en la negociación de acciones se puede tomar la capitalización bursátil (una medida del valor de la empresa en el mercado que se calcula multiplicando el precio de la acción por la cantidad en circulación).

Aquí se comparará esta variable en un grupo de mercados latinoamericanos (Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile), tomando sólo las empresas domésticas (aquellas cuya casa matriz está donde cotiza).

Si se analiza la última década (2003 a 2013), los países del grupo que más incrementaron la cotización bursátil de sus mercados, medidos en dólares, fueron Perú, Brasil y Colombia, con subas de 473, 335, y 301 por ciento, respectivamente. Argentina sólo avanzó 52 por ciento en estos 10 años (pasó de 34.995 millones de dólares en 2003 a 53.105 millones en 2013) y Chile lo hizo en un 206 por ciento.

Un dato para destacar: en 2003, Perú y Colombia representaban el 40 por ciento del mercado de capitales argentino, en 2005 el mercado colombiano superó al argentino en un 6,11 por ciento, y Perú lo hizo en 2007 (un volumen 21,58 mayor).

En 2013, Perú superó a Argentina en 52,48 por ciento y Colombia en 281,68 por ciento. En 2003, el mercado de capitales argentino era el tercero más importante en cuanto a su capitalización, luego de Brasil y Chile. En 2013 es el de menor valor dentro de este grupo.

El reducido valor local no es sólo por el número de empresas ya que Colombia tiene menos firmas domésticas que Argentina y su capitalización bursátil es varias veces mayor.

Si se toma el tamaño del merca­do respecto de la economía, sólo en Chile, el valor de la capitalización bursátil siempre superó al PBI (con excepción de 2008). El único que se acerca es Brasil en 2007, con volúmenes similares.

En Argentina, a pesar de que la capitalización de las empresas domésticas tiene un monto similar en dólares en 2012 y en 2003 (algo más de 34 mil millones de dólares), si se mide esta variable en relación con el PBI, pasa de representar el 30,04 por ciento en 2003 a 7,28 en 2012. En cambio, en todos los demás países el porcentaje aumentó.

Por ello, si Argentina sigue un camino de previsibilidad y confianza, existe una gran posibilidad de retomar los valores de sus activos, entre ellos, las acciones. En la mayoría de las economías regionales y en los países desarrollados, el mercado de capitales es una de las alternativas que tienen empresas y Estado para conseguir financiamiento. Esperemos que la nueva reglamentación sirva para adecuar, reordenar y lograr incluir cada vez más actores en la actividad.

52% creció la capitalización bursátil de Argentina medida en dólares en la última década. Su avance estuvo muy por debajo del de Chile (206%), Perú (473%), Brasil (335%) y Colombia (301%). En 2003, Argentina tenía un valor ­superior a Perú y Colombia; en 2007 ambos lo superaron. No obstante, algunos de nosotros nos mostramos muy optimistas: "en algún momento cazaremos la tortuga".

EPÍLOGO: "El gobierno debe admitir que cuando hablamos hoy, de "mercados de capitales domésticos" para proyectos productivos de largo plazo, estamos hablando de Banco Nación, BICE, el Inciso K, Anses y esporádicamente la CAF, es decir....de ellos mismos".
Share this article :

Publicar un comentario en la entrada

 
Letras Opacas.org | |
Copyright © 2011. PERIODISMO DE ESCRITORES - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Conseguir la ú…e Flash Player Blogger {{Usuario escritura-4}}